Los trabajadores del sector de la seguridad privada en Colombia enfrentarán un cambio relevante en los requisitos para ejercer sus funciones a partir de 2026. Una nueva disposición normativa introduce condiciones más estrictas, con el propósito de fortalecer los estándares de formación y garantizar una prestación del servicio más regulada.
En este contexto, la Ley 2454 de 2025 establece lineamientos específicos que obligan a los vigilantes a cumplir con un requisito técnico indispensable: la capacitación formal. Esta medida adquiere especial relevancia para quienes desempeñan labores relacionadas con el manejo de perros de seguridad, un ámbito que, debido a su naturaleza, exige competencias particulares y un conocimiento adecuado de protocolos operativos y de cuidado animal.
A partir de la entrada en vigor de esta normativa, las empresas de vigilancia estarán obligadas a garantizar la formación de todo su personal, en concordancia con las nuevas disposiciones legales. Esto implica no solo la implementación de programas de capacitación estructurados, sino también la certificación de las competencias adquiridas por los trabajadores, como evidencia del cumplimiento de los estándares exigidos por la ley.
¿Qué obligaciones tienen las empresas de vigilancia con esta nueva Ley?
En cuanto a las obligaciones empresariales, la norma es clara al señalar que las compañías del sector deberán asumir los costos asociados a los procesos de formación. De este modo, se busca asegurar que los vigilantes accedan a una educación verificable, organizada y alineada con criterios técnicos definidos. La capacitación deja de ser una opción para convertirse en un requisito indispensable para la prestación del servicio de vigilancia privada.
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Adicionalmente, la ley introduce un enfoque que integra el bienestar animal dentro de los procesos de formación. En el caso de los trabajadores que operan con perros de seguridad, los contenidos deberán contemplar prácticas responsables que garanticen el cuidado y la protección de los animales, así como el cumplimiento de protocolos de seguridad establecidos. Este enfoque refuerza la necesidad de una preparación integral que no solo atienda aspectos operativos, sino también éticos.
