La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aclaró que tiene iniciado desde abril de este año un proceso administrativo sancionatorio en contra de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes SAS), (filial del Grupo Aval y Corficolombiana), “ante información errónea presentada a la opinión pública”.
El viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, señaló a Caracol Radio que el Gobierno precedente no comenzó un proceso sancionatorio por Chirajara.
El proceso se lleva a cabo por el presunto incumplimiento de las obligaciones de: (i) entrega de diseños del viaducto Chirajara; (ii) plazo y cronograma de construcción contractual del Sector 4A (en el plan de trabajo estaba previsto para el 30 de diciembre de 2017 y el plazo contractual previsto era el 10 de junio de 2018) y (iii) entrega de las obras del Sector 4A y su entrada en operación.
Mencionó n la apertura del proceso se tasaron perjuicios del orden de 156.800 millones de pesos.
A finales de septiembre, la ANI tendrá un dictamen pericial que también fundamentará, junto con los demás elementos probatorios, el valor total de la condena por perjuicios a la que haya lugar.
En cuanto a la multa, se previó dentro del contrato una suma cercana a los 10 millones de pesos por cada día calendario de atraso en la entrega del puente.
Al momento de la notificación de aviso del inicio del proceso sancionatorio, el 18 de abril de 2018, la multa ya ascendía a 1.076 millones de pesos.
En todo caso, la cuantificación final de multa deberá efectuarse al momento de tomar la decisión correspondiente que decida sobre el incumplimiento del concesionario.
Añadió que, en aplicación del debido proceso, la entidad ha adelantado cada una las etapas y, en la actualidad, el proceso administrativo sancionatorio que adelanta la ANI en contra de Coviandes se encuentra en etapa probatoria.
“La ANI siempre exigió el cumplimiento del compromiso que tiene Coviandes con los colombianos de entregar un puente con las características y condiciones con las que fue contratado. La agencia quiere dejar claro que el concesionario deberá construir un nuevo puente y esto no le costará al país un peso adicional”, mencionó.
Así mismo, afirmó que, a partir de la creación y puesta en marcha de la entidad líder en materia de Asociaciones Público-Privadas en 2011, la ANI logró ahorrarle al Estado cerca de 2,4 billones de pesos en pretensiones económicas formuladas por concesionarios ante 39 Tribunales Arbitrales.
Finalmente, dijo que de los 30 proyectos pertenecientes al programa de Autopistas de Cuarta Generación (4G) que se encuentran adjudicados, 23 están en etapa de construcción, de los cuales 17 ya cuentan con contratos de crédito.
De acuerdo con el cronograma establecido entre la entidad y los concesionarios se espera tener 20 proyectos de 4G con contrato de crédito a diciembre de este año.
