El proceso de venta del 51 % de las acciones de la colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) tiene desde sus inicios un acuerdo de compra por parte de la estatal Ecopetrol.
Un grupo de abogados está apoyando a la Fundación Dilo Colombia buscando que la justicia colombiana imponga medidas cautelares porque consideran que el proceso está viciado. Lea más de empresas en Valora Analitik.
La fundación nació para contrarrestar la proliferación de las noticias falsas (fake news) y la desinformación de los años recientes en redes sociales e internet.
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Una de las batallas que inició Dilo Colombia en meses pasados fue el inicio de consultas ante el Gobierno –más puntualmente ante el Ministerio de Hacienda- por la venta del 51 % de ISA con Ecopetrol único proponente para la compra.
Consultó sobre lo que llamaron el “cambio de lenguaje” en el proceso porque antes el proceso era llamado enajenación y ahora se llama optimización de activos.
Mauricio Pava, abogado que asesora a Dilo Colombia, le dijo a Valora Analitik que desde la fundación consideran que es contradictoria la información sobre el proceso.
Dilo Colombia considera que es una “privatización por la puerta trasera”, porque ahora la petrolera Ecopetrol anunció que posiblemente no hará una emisión de acciones en la Bolsa local para financiar la operación.
En concepto de Pava, en el proceso de venta no se permite la competencia para lograr un mejor valor con la inclusión de otros jugadores.
El proceso fue demandado por la fundación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ya admitió el caso y vinculó a ISA y Ecopetrol para recibir sus explicaciones.
En ese proceso judicial, Dilo Colombia lanzó una petición de medidas cautelares que estarán resolviendo el miércoles 21 de julio tomando en cuenta que la normatividad local le da cinco días hábiles al tribunal para decidir sobre el caso y las medidas cautelares después de realizar la notificación a los demandantes, que ya sucedió.
Las medidas cautelares solicitan suspender el proceso y abrirlo al público para que se genere mayor valor de la empresa al Estado para su venta.
Pava dijo que la fundación está de acuerdo con que el Gobierno no saque a privatización a ISA y que pueda quedar en manos de otras ofertas del sector público como el Grupo Energía Bogotá (GEB) que ha manifestado públicamente su interés en el proceso.
El auto que admitió la demanda en el tribunal se puede leer aquí.
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