La Alcaldía de Bogotá ha lanzado una propuesta que implica un cobro adicional para algunos ciudadanos. Se trata de un pago extra que los vendedores informales deberán realizar por el uso del espacio público, medida que ha generado una fuerte polémica.
Ante esta situación, el Instituto para la Economía Social (IPES) ha destacado que el objetivo es optimizar el aprovechamiento económico del espacio público, conforme lo establece el Decreto 315 de 2024. Dicho decreto busca regular la actividad de los vendedores ambulantes en la capital.
El IPES enfatiza que el decreto reconoce la actividad informal como una forma legal de trabajo. Por ello, se ha expedido el protocolo correspondiente para que la entidad pueda mejorar la organización de la venta ambulante.
Wilfrido Grajales, director del IPES, declaró en Noticias Caracol que el cobro por el uso del espacio público se hará de manera proporcional y no excederá los 80.000 pesos. Asimismo, aclaró que la medida no pretende desalojar a los vendedores informales, sino establecer un orden que beneficie a toda la ciudadanía.
El monto a pagar dependerá del mobiliario utilizado por cada vendedor y de si este es beneficiario de las alternativas ofrecidas por el IPES. Además, la entidad ha indicado que se aplicarán reducciones o exenciones en las tarifas para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
En cuanto a los permisos para trabajar en el espacio público, estos se otorgarán por un período de uno o dos años, dependiendo de si el trabajador informal utiliza mobiliario propio o de la entidad. Dichos permisos podrán renovarse hasta por un máximo de cinco años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
El Instituto para la Economía Social fundamenta su gestión en la Constitución, con el propósito de armonizar el derecho al trabajo de los vendedores informales y la preservación del espacio público. Su labor se rige por los artículos 25, 26 y 82 los cuales reconocen el trabajo como un derecho y deber social, garantizan la libertad de elección profesional y establecen la primacía del interés general en el uso del espacio común.
