En medio de la creciente crisis por la expedición de pasaportes en Colombia, miles de ciudadanos han denunciado demoras prolongadas, dificultades técnicas en las plataformas de agendamiento y cancelaciones repetidas de citas.
El problema, que ha alcanzado dimensiones nacionales, se ha visto agravado por retrasos administrativos, fallas tecnológicas e incluso interrupciones temporales del servicio por parte de la Cancillería, como ocurrió el pasado 2 de julio en Bogotá, cuando se suspendió la atención por inconvenientes con el proveedor de internet.
Esta situación dejó a decenas de personas sin poder tramitar su documento, justo cuando se acercaban a sus fechas de viaje o debían presentar el pasaporte para trámites laborales, educativos o médicos.
Esto puede hacer si le cancelan la cita del pasaporte
Frente a este panorama, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué pasa si la cita para el pasaporte se cancela una y otra vez? ¿Hay algo que el ciudadano pueda hacer jurídicamente para exigir que se respete su derecho al documento?
La respuesta es sí. En Colombia existen mecanismos legales que permiten exigir respuestas de las autoridades y proteger los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados.
En primer lugar, el ciudadano puede presentar un derecho de petición, una herramienta contemplada en el artículo 23 de la Constitución Política. A través de este mecanismo, cualquier persona puede solicitar explicaciones a la Cancillería sobre las razones de las cancelaciones reiteradas, exigir una reprogramación prioritaria o pedir una solución concreta en un plazo razonable.
Este tipo de solicitudes deben ser respondidas en un máximo de 15 días hábiles, y se pueden presentar de manera física o digital, preferiblemente con pruebas como los correos de notificación o los pantallazos del sistema que evidencien la cancelación.
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Si pese a esto no se obtiene una solución efectiva, o si las cancelaciones están afectando derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, el trabajo o la libre locomoción (por ejemplo, en caso de tener un viaje impostergable o una urgencia médica en el exterior), el ciudadano puede interponer una acción de tutela.
Este recurso, previsto por el artículo 86 de la Constitución, permite que un juez ordene una solución inmediata para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. La tutela puede ser presentada directamente por la persona afectada, sin necesidad de abogado, y debe ser resuelta por el juez en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Adicionalmente, si el ciudadano considera que hubo un abuso de poder o una cancelación arbitraria por parte de la entidad, puede solicitar la revocatoria directa del acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1067 de 2015.
La Cancillería ha señalado que trabaja en la mejora del sistema de agendamiento y que las citas canceladas son reprogramadas con prioridad. No obstante, en la práctica, muchos ciudadanos denuncian que tras varias cancelaciones deben esperar semanas para obtener una nueva cita, en un contexto de alta congestión y de incertidumbre frente a los cambios en el proveedor que imprime las libretas, lo que podría agravar aún más la situación en los próximos meses.
En conclusión, si a un ciudadano le cancelan en varias ocasiones la cita para el pasaporte, puede acudir a un derecho de petición para exigir explicaciones y soluciones administrativas o a una acción de tutela, si se afectan sus derechos fundamentales.
