La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que advirtió sobre posibles irregularidades en la cesión gratuita de bienes de uso público en el municipio de Chía (Cundinamarca), destinados a la construcción de la Variante Accenorte, Unidad Funcional 3 (UF3).

Según la entidad, estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con varios meses de antelación, con el fin de que se presentara una postura jurídica y técnica. Sin embargo, la respuesta oficial se conoció apenas 24 horas antes, a través de una rueda de prensa convocada por la propia Secretaría.

De acuerdo con el reporte, las alertas fueron presentadas al presidente de la ANI y a su equipo jurídico el 26 de mayo, y formalizadas el 30 de julio mediante comunicación escrita. En su pronunciamiento, la Secretaría reiteró que mantiene sus conclusiones preliminares, respaldadas en documentos y análisis jurídicos, pese a las aclaraciones posteriores de la ANI sobre el proyecto Accenorte.

Cuestionamientos de la Secretaría sobre la cesión de predios

La entidad precisó que no cuestiona en abstracto la legalidad de las cesiones de inmuebles, sino que centra sus observaciones en el caso específico de Chía. Según su análisis, los predios cedidos eran bienes de uso público con destinación exclusiva a la red vial local conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal.

Estos bienes habrían sido entregados sin contraprestación para una obra de alcance regional y nacional, sin avalúo a precios de mercado ni incorporación a la estructuración financiera del proyecto. Este manejo, advirtió la Secretaría, desnaturaliza la figura de la iniciativa privada y podría comprometer la legalidad del contrato. Asimismo, señaló que las normas citadas por la ANI para sustentar el proceso fueron utilizadas “de manera parcial”.

En cuanto a la planeación, la Secretaría puso de presente los estudios de conveniencia y oportunidad del Convenio 019 de 2017, instrumento mediante el cual se formalizó la cesión de predios. De acuerdo con los documentos revisados, los diseños definitivos se elaboraron en la fase de preconstrucción por parte del concesionario, lo que significa que en la etapa de factibilidad no existía una estructuración financiera real de la UF3 con los predios de Chía ni estudios técnicos completos.

Como antecedente, la entidad recordó que el 11 de abril de 2016 se anunció que la obra atravesaría el municipio y que la estructuración financiera estaría lista en menos de un mes. No obstante, la aprobación de la APP de iniciativa privada se produjo solo siete días después de dicho anuncio, lo que, a juicio de la Secretaría, evidencia deficiencias en la planeación.

Cronología y selección de la Variante Chía

Otro de los puntos controvertidos corresponde a la selección de la Variante Chía. Según la ANI, esta alternativa se definió únicamente en mayo de 2019, mediante la firma de un otrosí. La Secretaría, en cambio, expuso una cronología distinta: el convenio de cesión con el municipio fue suscrito en noviembre de 2017; la interventoría avaló la alternativa en junio de 2018, y las obras comenzaron en marzo de 2019. Bajo esta lectura, la construcción habría iniciado antes de la formalización del otrosí, lo que podría vulnerar el principio de planeación en la contratación pública.

Frente al argumento de la ANI de que el Convenio 019 de 2017 permitió ampliar el alcance del proyecto —al reducir costos prediales y posibilitar una doble calzada y puentes adicionales—, la Secretaría sostuvo que, en realidad, se trató de una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas ni planificadas. Esto, señaló, iría en contra de lo estipulado en el contrato de concesión sobre el manejo de remanentes. Además, advirtió que el convenio se firmó sin validación técnica de la interventoría respecto a los diseños de detalle.

¿Cuáles son los Interrogantes sobre el peaje Los Andes?

La Secretaría también solicitó claridad sobre el destino de los recursos provenientes del peaje Los Andes. Recordó que, según una exposición de la ANI ante el Congreso en 2024, este recaudo superó los $887.000 millones. Ante ello, planteó interrogantes sobre la utilización de dichos fondos, en caso de que no sean percibidos por el concesionario. De igual forma, pidió explicar por qué se extendió el plazo de la concesión y los motivos de la demanda interpuesta contra el municipio de Chía por $12.000 millones, cuando la gestión predial, de acuerdo con el contrato, era responsabilidad del concesionario.