Este año en Colombia empezarán a regir una serie impuestos anunciados por el Gobierno de Gustavo Petro, con el que busca recursos para el Presupuesto General de la Nación (PGN) en el marco de la emergencia económica decretada.
Por eso, para entender los cambios que vendrán en el consumo de los colombianos, Valora Analitik consultó con Pedro Ángel, abogado tributarista del Centro de Estudios Tributarios de Antioquia (CETA), quien explica cómo afecta esta medida a la población y que acciones pueden llevar a cabo para no verse tan perjudicados.
Ángel menciona que en el paquete incluyen cambios que no siempre se ven en el día a día, pero que sí pueden tener efectos económicos relevantes, por ejemplo, impuesto al patrimonio, puntos adicionales del impuesto de renta para el sector financiero, impuesto especial para la estabilidad fiscal aplicado sobre la extracción en de hidrocarburos y carbón, la no deducibilidad de las regalías y amnistías tributarias.
Pero también hay otras medidas que se sienten en el bolsillo de las personas por su incidencia en productos de consumo frecuente, tal como es el caso del licor.
El primer lugar, las bebidas azucaradas (impuesto saludable – IBUA), pues a partir de este año la tarifa por cada 100 ml se actualiza según el incremento de la UVT (similar a inflación).
Adicional a eso, ultraprocesados comestibles (impuesto saludable – ICUI), donde la tarifa es del 20 % desde 2025 y se mantiene. “Impacta varios productos que se consideran ultraprocesados porque superan umbrales de azúcares, sodio o grasas saturadas”, señala el abogado tributarista.
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¿Quiénes se ven afectados con estos impuestos?
Pedro Ángel expone que la preocupación se genera para ese tipo de personas que destina una gran parte del presupuesto del hogar a compras internacionales, bebidas azucaradas, ultraprocesados, licores o tabaco/vapeo. Si no es el caso, “los incrementos del costo de vida tienden a depender más de aspectos macroeconómicos que tributarios”.
Por eso, recomienda evitar o racionalizar el consumo en ese tipo de productos. Mientras que con respecto a la renta o patrimonio, “existen beneficios tributarios para personas naturales, no obstante, estos se deben analizar de acuerdo con la situación específica de cada persona”.
Sobre lo que se ha venido mencionando con relación a la constitucionalidad del decreto de emergencia económica, advierte que, en caso de declararse inconstitucional el decreto de emergencia económica, “se espera que todo lo sucedido hasta tal pronunciamiento mantenga sus efectos y que la norma deje de aplicar hacia el futuro. De lo contrario, sería demasiado complejo devolver los impuestos causados y pagados por las personas durante las primeras semanas del año”.
Por último, afirma que estos impuestos dejarían afectaciones tales como inflación, suben los precios de manera generalizada; reacomodo del comercio, parte del consumo puede moverse de plataformas internacionales a comercio local.
También se haría visible un incremento del contrabando, incentivando la informalidad por las altas cargas; recaudo, a veces las empresas que recaudan estos impuestos se financian y dejan de pagar a la DIAN, lo cual podría afectar el recaudo; debate jurídico, discusiones e incertidumbre regulatoria durante el año.
