Este lunes 13 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, comparecerá ante la Corte Constitucional de Colombia en una audiencia clave sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud.
La diligencia no es de trámite. El alto tribunal evaluará si el Gobierno cumplió sus órdenes sobre la metodología para calcular la UPC, un tema que ha generado fuerte controversia en el sector salud. De no convencer a los magistrados, el caso podría escalar de un debate técnico a un problema judicial, con una eventual sanción por desacato para el ministro.
Jaramillo deberá responder con sustento técnico cómo se están calculando los costos del sistema, si estos reflejan el gasto real y si el modelo es financieramente sostenible.
Un examen y las implicaciones
La audiencia ocurre en un contexto adverso para el jefe de la cartera sanitaria. En diciembre pasado, la Corte le abrió un incidente de desacato al concluir que no habría cumplido con la orden de ajustar la UPC para 2026 bajo criterios técnicos definidos por el tribunal, y no con fórmulas basadas en inflación o cálculos internos del Ejecutivo.
Ese antecedente dejó una conclusión: “persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC”. En otras palabras, el Gobierno no ha demostrado con evidencia que los recursos asignados sean suficientes para cubrir los costos reales del sistema de salud.
El tribunal ha ordenado un cambio de fondo en la forma de calcular la UPC. Exige que el valor se construya a partir de un análisis técnico riguroso de costos reales, que incluya la participación de todos los actores del sistema, incluida la sociedad civil.
Además, dentro de un paquete de nueve órdenes, la Corte pidió específicamente al Ministerio de Salud acreditar técnicamente la suficiencia de la UPC tanto en el régimen contributivo como en el subsidiario, sin depender exclusivamente de la inflación.
El caso ya trascendió lo administrativo. La Corte compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen los presuntos incumplimientos del ministro. Esto añade presión a una audiencia que definirá no solo el futuro de la política de financiación del sistema de salud, sino también la situación jurídica de Jaramillo.
