Durante años, decenas de proyectos energéticos en Colombia lograron reservar capacidad en la red eléctrica nacional sin necesariamente avanzar en construcción, licenciamiento o cierre financiero. Mientras tanto, nuevas iniciativas —especialmente de energías renovables— comenzaron a enfrentar dificultades para conectarse al sistema, generando un creciente represamiento en la infraestructura de transmisión.
Ahora, el Gobierno Petro prepara una nueva resolución con la que busca modificar las reglas de asignación de capacidad de transporte de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de recuperar espacio ocupado por proyectos que no muestran avances reales.
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La propuesta fue presentada por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y plantea ajustes a la Resolución 40311 de 2020. Entre los principales cambios aparece la posibilidad de liberar capacidad reservada por iniciativas que permanecen estancadas y reasignarla a proyectos con mayor viabilidad técnica y financiera.
Detalles de la nueva resolución del Gobierno Petro sobre el sistema eléctrico
Uno de los datos más relevantes divulgados por la UPME es que ya se recuperaron 6,3 gigavatios (GW) de capacidad de conexión en la red nacional, una cifra que la entidad calificó como “la mayor recuperación de espacio disponible en la red eléctrica registrada en el país”.
La capacidad liberada corresponde principalmente a proyectos de energías renovables que habían solicitado conexión, pero que no avanzaron en ejecución. Según cifras oficiales, 4.016,4 megavatios (MW) pertenecían a proyectos solares fotovoltaicos, equivalentes al 62,8 % del total recuperado.
Otros 1.815,6 MW correspondían a proyectos eólicos, es decir, el 28,4 % del total. También se liberaron 320,95 MW asociados a proyectos térmicos, además de capacidad correspondiente a proyectos hidráulicos, pequeñas centrales hidroeléctricas y biomasa.
En términos prácticos, esta capacidad representa espacio suficiente para conectar nuevos proyectos de generación eléctrica que actualmente enfrentan limitaciones de acceso a la red.
Qué son los llamados “proyectos de papel”
Uno de los puntos centrales de la discusión es el concepto de “proyectos de papel”, término utilizado desde el sector energético para referirse a iniciativas que obtuvieron capacidad de conexión, pero que no lograron avances significativos en construcción, licencias ambientales o financiación.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el propósito es “priorizar proyectos reales y no proyectos de papel que acapararon la red”.
En la práctica, varios desarrolladores lograban asegurar puntos de conexión estratégicos sin necesariamente ejecutar las obras en los tiempos previstos. Esto terminó limitando la entrada de nuevos proyectos que sí cuentan con mayores niveles de avance.
La resolución busca precisamente establecer mecanismos para revisar esos cupos y recuperar capacidad ociosa en el sistema. El proyecto regulatorio plantea varios ajustes en el esquema de asignación de capacidad eléctrica.
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Entre ellos aparece la implementación de mecanismos de asignación facilitada liderados por la UPME para proyectos considerados prioritarios o estratégicos para el sistema energético nacional.
También se contempla la creación de una ventanilla única para trámites relacionados con conexiones eléctricas, así como procesos más ágiles para proyectos asociados a transición energética y sistemas de almacenamiento.
Otro de los cambios relevantes es que las asignaciones deberán cumplir condiciones de viabilidad operativa definidas por el Centro Nacional de Despacho (CND), encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico colombiano.
Además, la propuesta establece que los procesos de asignación facilitada no podrán superar los 12 meses entre la solicitud y la formalización de la conexión.
La discusión ocurre en un momento sensible para el sector energético colombiano. En los últimos años han aumentado las preocupaciones por retrasos en proyectos renovables, limitaciones en líneas de transmisión y riesgos asociados a fenómenos climáticos como El Niño.
La directora de la UPME, Indira Portocarrero, afirmó que la medida permitirá “sincronizar de manera más eficiente la entrada de nuevos proyectos de generación con la expansión del sistema de transmisión”.
No obstante, desde el sector también existe expectativa sobre cómo se implementarán estos cambios y qué criterios concretos se usarán para determinar cuándo un proyecto realmente perdió viabilidad o debe ceder su capacidad asignada.
Un ejemplo permite entender mejor el alcance de la resolución. Suponga que una empresa reservó hace cinco años capacidad de conexión para un parque solar, pero nunca consiguió licencia ambiental ni financiación para iniciar obras. Mientras ese cupo permanecía bloqueado, otros proyectos con avances más sólidos no podían conectarse a la red.
Con las nuevas reglas, la UPME tendría herramientas para revisar ese caso y eventualmente recuperar la capacidad asignada para entregarla a otro proyecto con mayor probabilidad de entrar en operación.
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La resolución todavía se encuentra en etapa de comentarios y discusión pública, por lo que el texto definitivo podría incorporar ajustes antes de su expedición final.
