En sus primeras declaraciones tras recibir las credenciales que lo acreditan como presidente electo, Abelardo De la Espriella anticipó medidas en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y conformación de su equipo de trabajo.
Uno de los anuncios más contundentes estuvo dirigido a los grupos armados ilegales. El mandatario electo les dio un plazo de un mes para acogerse al Estado de derecho y advirtió que su administración no mantendrá la política de concesiones que, según él, caracterizó al gobierno saliente.
“Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó.
De la Espriella también lanzó duras críticas contra la relación del actual Gobierno con las estructuras criminales.
Asimismo, advirtió que quienes continúen vinculados a actividades como el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión, la corrupción y otras expresiones de violencia enfrentarán “toda la capacidad del Estado” y la acción de la Fuerza Pública.
Con estas declaraciones, el presidente electo marcó distancia de los procesos de negociación impulsados durante los últimos años y anticipó una estrategia centrada en el sometimiento judicial de las organizaciones armadas ilegales.
En paralelo, anunció que ya trabaja junto a su vicepresidente en la conformación del nuevo gabinete. “No improvisaremos, porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas con sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos”, aseguró.
De la Espriella reconoció que recibirá un país con grandes desafíos a partir del próximo 7 de agosto y adelantó que una de sus primeras decisiones será poner en marcha una auditoría exhaustiva de la administración saliente.
Según explicó, se realizará un “empalme anticorrupción” para establecer un riguroso corte de cuentas y determinar el estado real de las finanzas públicas y el alcance del deterioro institucional que heredará su gobierno.
