El gobierno de Abelardo De la Espriella ha anunciado que implementará recortes fiscales con la finalidad de reducir los gastos del Estado, buscando un mayor equilibrio entre ingresos y egresos en el presupuesto público. Los cálculos de algunos agentes del mercado señalaron que los gastos de funcionamiento, es decir, los recursos necesarios para la operatividad del Estado ascienden a cerca de $358 billones. De este total, alrededor de $87 billones, equivalentes a cerca de una cuarta parte, tendrían una mayor flexibilidad para ser objeto de ajustes.
Recortar gastos de funcionamiento del Estado no es una tarea sencilla. Gran parte de estos recursos corresponde a rubros como fuerzas militares, policía, burocracia, pensiones y salud, que son difíciles de ajustar. Sin embargo, Corficolombiana señaló que, aunque estos cerca de 87 billones no podrían eliminarse por completo, sí enfrentarían menos barreras normativas para realizar ajustes en el corto plazo, sin que necesariamente dichos recortes deban pasar por el Congreso.
El principal componente de esta categoría corresponde a los gastos de planta de personal, que ascienden a $66 billones. Según la entidad, esto no significa desconocer las restricciones laborales, prestacionales, de carrera administrativa o la continuidad de la operación de las entidades públicas. Es decir, el ajuste no debería hacerse “con motosierra”, sino “con bisturí”, identificando cuáles cargos son susceptibles de recorte.
También se planteó que el Estado debe operar con mayor eficiencia, avanzar en una reducción gradual del número de ministerios y lograr una estructura más racional en las entidades públicas. Asimismo, se consideran importantes el fortalecimiento de los mecanismos de control del gasto mediante auditorías y evaluaciones por resultados, controlar el crecimiento del empleo público mediante acuerdos con los sindicatos, establecer metas fiscales creíbles y realizables, evaluar la desinversión en activos desfavorables para el Estado y evitar la creación de nuevas obligaciones sin fuentes concretas de financiación.
Debe recordarse que el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2026 asciende a cerca de $546,9 billones. De este total, $358,1 billones (65 %) corresponden a gastos de funcionamiento; $100,4 billones (18 %), al servicio de la deuda; y $88,4 billones (16 %), a gastos de inversión. Corficolombiana señaló que, desde la pandemia de 2020, los gastos de funcionamiento del Estado colombiano han aumentado 56 %, impulsados principalmente por un incremento de 64 % en las transferencias corrientes.
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