La Procuraduría General de la Nación manifestó que abrió investigaciones disciplinarias contra entes territoriales y empresas que no han pagado sus deudas por el servicio de energía eléctrica. El ente señaló que podría existir una omisión en la adopción de medidas administrativas, financieras y presupuestales para cancelar tales obligaciones.
La primera de ellas fue la apertura de una indagación previa a la Alcaldía de Santander de Quilichao. En este caso se busca determinar posibles omisiones en los pagos de la entidad territorial para cancelar la deuda de energía con la Compañía Energética de Occidente. El monto asciende a más de $61.870 millones a febrero de 2024.
La Procuraduría también señaló que, a mayo, se reportaba una deuda de $73.798 millones. A la vez, manifestó que ya existen decisiones judiciales en procesos ejecutoriados y que la investigación busca establecer las responsabilidades de quienes ejercieron la Alcaldía y las secretarías de Hacienda en las respectivas épocas.
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En segundo lugar, se abrió una investigación disciplinaria a Empaso (Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios El Paso), en el municipio de El Paso, Cesar. Según lo manifestó el ente de control, la investigación se inicia contra cinco personas que ejercieron la gerencia de la compañía y busca determinar a los responsables de las omisiones en los pagos de la deuda. Los montos adeudados se le deben a la empresa Afinia, de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y se han acumulado desde 2019.
“Afinia reportó una deuda de $13.500 millones. El caso evidencia además un problema de planeación: para 2026 se habrían apropiado solamente $80 millones dentro del presupuesto para el pago de servicios públicos, mientras que las facturas de energía oscilaron en $100 millones mensuales o más”, declaró Adriana Salcedo, procuradora delegada para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios de la Procuraduría, quien agregó que este incumplimiento también habría afectado el sistema de acueducto.
En tercer lugar, se abrió una investigación a la compañía de servicios públicos del Caribe, Air-e. El proceso aborda la intervención estatal que enfrenta la compañía desde 2024 y la investigación también se extenderá a los agentes interventores.
“Entre los hechos relevantes están la ausencia de una solución empresarial estructurada, problemas en la gestión de la deuda posterior a la toma de posesión por parte del Gobierno Nacional y la baja ejecución de inversiones, deterioro del índice de pérdidas, incumplimientos regulatorios y otras posibles omisiones”, declaró la Procuraduría, que agregó que Air-e refleja, después de la intervención estatal, un “alarmante” deterioro en materia financiera.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) manifestó que celebra la expedición de la Directiva 16 del 21 de agosto de 2026, en la cual la Procuraduría exhorta a entes territoriales, entre gobernaciones, alcaldías y representantes legales, a que atiendan las deudas de energía.
“La directiva se expide en momentos en que el monto de la deuda con las empresas ha alcanzado un máximo histórico: $1,5 billones. Esta cifra equivale a consumos de energía a lo largo del tiempo que no han sido pagados por parte de los llamados usuarios oficiales”, expresó José Camilo Manzur, presidente de la organización.
El directivo también hizo alusión a que estas son obligaciones que se han trasladado de una vigencia a otra y que no hay apropiaciones presupuestales que permitan realizar los pagos. Agregó que la deuda equivale a 34 % del total de lo que se les debe a las compañías, que además están pasando por una situación financiera delicada.
“Nuestro llamado cordial y respetuoso es a los destinatarios de la directiva de la Procuraduría para que apropien las partidas necesarias y suficientes, paguen oportunamente las facturas de energía eléctrica y adelanten el saneamiento de las deudas de vigencias anteriores, evitando el incumplimiento de sus deberes como usuarios de los servicios públicos y actuaciones disciplinarias”, expresó el gremio.
Incluso, manifestó que la deuda afecta el flujo de caja de las compañías comercializadoras y distribuidoras y la cadena de pago de toda la industria, en generación, transmisión y distribución, lo que reduce las capacidades de inversión para la reposición de redes y afecta la calidad y continuidad del servicio.
El gremio dijo que reitera su disposición a conciliar la cartera, suscribir acuerdos de pago e incluso avanzar en mesas de trabajo con entes territoriales para el suministro de información acerca de la facturación y el consumo. Sin embargo, precisó que, en última instancia, estos costos los terminan asumiendo los usuarios y que la falta de pago del servicio afecta la sostenibilidad y la confiabilidad del suministro eléctrico en las regiones.
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