La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los grupos étnicos a participar y acceder a la información sobre los proyectos, obras o actividades que se pretenda realizar en su territorio. En Colombia, este existe desde hace 35 años, cuando el país se acogió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El reto está en garantizar que este derecho cumpla su propósito sin que las irregularidades que puedan presentarse terminen afectando el desarrollo de los proyectos. Para ello, el Gobierno Nacional viene trabajando en cuatro frentes que buscan corregir las distorsiones identificadas, establecer reglas para la actuación administrativa y agilizar los procesos.
Así lo explicó Alejandro Burgos, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, durante su intervención en el foro de sostenibilidad de Corficolombiana ‘Luz Verde: Acuerdos para el Desarrollo’, en la que detalló las medidas regulatorias, institucionales, legislativas y judiciales que se están impulsando.
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Cuatro frentes de acción
La primera de estas acciones tiene que ver con el frente interno, es decir, con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
De acuerdo con el funcionario, el Ejecutivo avanza en fijar los criterios para evitar la reapertura extemporánea o injustificada de consultas cuando ya existan actos administrativos en firme. Además de implementar herramientas tecnológicas y trabajar de manera articulada con el Ministerio TIC para agilizar los trámites y reducir plazos.
Un segundo foco está puesto en la agenda regulatoria. Este contempla la directiva presidencial que ya está expedida y que busca unificar directivas anteriores para aclarar las etapas del proceso.
A eso se suman dos decretos que están en construcción, uno desarrollado por el Ministerio de Ambiente y otro por la cartera de Interior. El primero busca realizar etapas de evaluación ambiental de forma paralela al proceso consultivo para acortar tiempos de desarrollo, mientras que el segundo apunta a establecer reglas claras para la actuación administrativa, evitando escenarios sin marco regulatorio.
“Como Gobierno tenemos la capacidad de expedir instrumentos legales que nos ayuden a delimitar lo que está ocurriendo actualmente y a garantizar que la consulta previa no se entienda como una traba, sino como la garantía de un derecho fundamental”, explicó Burgos.
El tercer frente se asocia con la agenda legislativa para acompañar e impulsar en el Congreso una “ley robusta” que regule la materia de fondo.
El último complemento a esta hoja de ruta es el trabajo con la rama judicial. Para ello, según explicó el directivo, se están generando mesas de trabajo.
“Las problemáticas están identificadas y tenemos estos cuatro frentes para abordarlas desde el Gobierno Nacional. Estamos trabajando desde el primer día, incluso desde antes, y ya empezamos a ver algunos resultados. La meta de todas estas acciones es volver al origen del derecho fundamental a la consulta previa”, concluyó.
