La Corte Constitucional declaró exequible, con condiciones, el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por la calamidad pública que causó el sismo del 10 de agosto.
Según el comunicado de la Sala Plena, la decisión quedó en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, y se aprobó por siete votos contra uno, con salvamento parcial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y aclaración de Vladimir Fernández.
La Corte avaló también el Decreto 1348 del 31 de agosto, que había modificado el ámbito territorial de la emergencia, pero la limitó a los municipios con afectaciones registradas en el Reporte Situacional No. 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los demás municipios de los departamentos incluidos en el decreto que demuestren, con soporte técnico de esa entidad, un daño concreto por el terremoto.
Recibe nuestro boletín en tu correo
De acuerdo con el tribunal, la emergencia tampoco puede usarse para medidas estructurales ni para atender problemas anteriores al sismo, en particular los del sistema penitenciario y carcelario.
La reconstrucción también quedó por fuera, salvo que el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios no son suficientes y que las medidas están ligadas directamente a la fase de rehabilitación.
Condiciones para el gasto
En materia fiscal, el fallo establece que los recursos recaudados, prestados o redistribuidos con base en la emergencia no podrán destinarse a gastos ajenos a la calamidad ni a financiar el déficit fiscal.
El Ministerio de Hacienda tendrá 20 días hábiles para recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones presupuestales.
—
