La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos contra las empresas energéticas AES Colombia, Celsia y Enel. Según la entidad, se encontraron “conductas que limitarían la libre competencia económica en el mercado mayorista de energía”. Sin embargo, la presidente del Consejo Gremial y de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, señaló que este hecho no es “aislado”, sino el “remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador de energía”.
La directiva manifestó que lo anterior se ejemplifica en la imposición de cargas para la sostenibilidad de un sector distribuidor que está “intervenido y financieramente quebrado”, además de “amenazas y señalamientos públicos”, comparaciones con actividades delictivas, cambios constantes en las reglas de juego y desconocimiento del mercado eléctrico y de su institucionalidad técnica.
Es por ello que solicitó a la Procuraduría General de la Nación hacer un seguimiento y acompañamiento preventivo, con la finalidad de que se garantice la independencia técnica, se evite la “instrumentalización política”, se proteja la presunción de inocencia y se respete el debido proceso.
“Después de debilitar las señales de inversión, deteriorar la confianza y agravar los riesgos de abastecimiento, como si quisieran dejar el país apagado, ahora, a pocos días del cambio de gobierno, la SIC y la Superintendencia de Servicios Públicos intensifican investigaciones y anuncios con los que pretenden instalar la narrativa de que los generadores son responsables de una crisis originada, en buena medida, por decisiones y omisiones del gobierno de Gustavo Petro”, enfatizó Gutiérrez.
Sin embargo, la SIC afirmó que su decisión fue el resultado de una “investigación técnica y económica” orientada a determinar actuaciones de los agentes involucrados en el proceso. Añadió que la investigación buscó establecer si habrían existido hechos con capacidad de “afectar el proceso competitivo de formación del precio de la energía”.
“La actuación administrativa se originó en una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 11 de enero de 2022, relacionada con presuntos incrementos significativos en el precio de la energía eléctrica transada en la bolsa de energía. Durante la etapa preliminar, la Superintendencia recopiló y estudió un amplio volumen de información técnica, económica y regulatoria”, expresó la SIC.
Incluso señaló que existen indicios de que, entre 2022 y 2025, las compañías investigadas “habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio en la bolsa de energía que se apartarían sustancialmente del costo de oportunidad del recurso hídrico”. Agregó que las generadoras investigadas “habrían presentado de manera reiterada ofertas de precios significativamente elevadas, sin que, en principio, se advirtiera una justificación económica, técnica u operativa suficiente que explique dicho comportamiento”.
A lo anterior sumó que este aspecto resulta relevante porque las plantas de generación involucradas registraban niveles de almacenamiento de agua en los embalses iguales o superiores a 90 % de la capacidad útil. Es decir, para la SIC existían condiciones de alta disponibilidad del recurso hídrico.
“La Superintendencia no halló, en principio, elementos suficientes que expliquen tales diferencias, razón por la cual considera procedente adelantar la investigación administrativa correspondiente para determinar si dichos comportamientos constituyeron una infracción al régimen de protección de la libre competencia económica”, señaló la entidad.
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