La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) emitió una misiva en la que destacó los principales aspectos pendientes del Gobierno en materia energética. El primero de ellos fue la deuda financiera dentro del sector por el impago de Air-e, empresa de servicios públicos del Caribe colombiano.
Esta compañía fue intervenida desde septiembre de 2024 por el Ejecutivo. Desde el inicio del proceso ha tenido seis agentes interventores. Andesco, organización presidida por Camilo Sánchez, agregó que la Superintendencia de Servicios Públicos suspendió un proceso mediante el cual la empresa estaba obligada a pagar sus obligaciones. Las deudas de la compañía ascienden a $3,1 billones, de los cuales $1,6 billones son a generadores térmicos, agentes que producen electricidad particularmente durante un fenómeno de El Niño.
El gremio también destacó que hubo un atraso de más de un año en el pago de los subsidios de energía y gas para los usuarios más vulnerables. Pese a ello, las compañías continuaron prestando el servicio sin interrupciones. Sin embargo, con cifras a junio de 2026, las deudas por este concepto asciendieron a $1,6 billones, y según Andesco, no existen señales en el Presupuesto General de la Nación para cubrir estos recursos, el cual presenta un faltante de $5,11 billones.
Frente a los planes de inversión en energía solar y comunidades energéticas, la organización expresó que no hubo claridad sobre los recursos ni los mecanismos de sostenibilidad de estos proyectos, lo que pondría en duda su continuidad para los usuarios más vulnerables. Según el gremio, la seguridad energética del país está comprometida, ya que durante varios años se ignoraron las advertencias sobre un posible déficit de energía asegurada o en firme.
Con base en lo señalado, esta situación se originó por subastas de generación que no fueron eficientes para atraer nuevos proyectos, junto a desincentivos a la construcción de plantas convencionales. Otro de los frentes que preocupa al sistema energético es el fenómeno de El Niño, que podría ser uno de los más intensos en décadas.
Andesco afirmó que Colombia registra un faltante de energía asegurada de 4,4 %, una condición inédita, según el gremio, desde la década de 1990, mientras que la demanda de energía crece a un ritmo superior a 6 % anual. Agregó que el sistema ha emitido 260 instrucciones operativas para evitar apagones generalizados y que será necesario promover medidas de ahorro en el consumo.
En materia de gas, las reservas disminuyeron 40 % en los últimos tres años. Durante el gobierno Petro no se firmaron nuevos contratos de exploración, lo que, según el gremio, impidió el desarrollo de nuevas iniciativas para aumentar la oferta del energético. También dijo que se aplazó la toma de decisiones sobre proyectos de importación y transporte de gas. Agregó que la producción nacional cayó 26 % entre 2022 y 2025, mientras que las importaciones pasaron de representar 4 % a 30 % del suministro.
Cabe recordar que, desde diciembre de 2024, Colombia tuvo que importar gas por primera vez para abastecer el consumo de hogares, comercio, industrias, hospitales, refinerías y gas vehicular. Esto ha generado mayores tarifas, debido a que los precios internacionales son superiores a los del gas producido localmente. Andesco manifestó que existe el riesgo de que el gas disponible en el país no sea suficiente para atender la demanda durante un fenómeno de El Niño, por lo que el sector industrial sería el más afectado en caso de un racionamiento.
La organización indicó que los pilotos de fracking, Kalé y Platero, permanecen suspendidos desde 2022. Según el gremio, nunca se llegó a la fase de perforación y tampoco se resolvió la situación de Canacol. Este último punto ha afectado especialmente al sector industrial del Caribe colombiano, particularmente a Cerro Matoso.
Canacol solicitó ante una corte de su país entrar en un proceso de reestructuración, dentro del cual pidió terminar anticipadamente sus contratos de suministro de gas en Colombia. La medida fue aprobada por el tribunal canadiense, pero será la Superintendencia de Sociedades la que tenga la última palabra sobre su aplicación en el país.
En materia de infraestructura, el gremio señaló que los proyectos presentan rezagos. Aunque reconoció avances importantes en energía solar, con 2,2 gigavatios nuevos en operación, aseguró que no hubo resultados significativos en proyectos hidroeléctricos, eólicos, de respaldo térmico ni de transmisión eléctrica. Este último componente es fundamental, ya que no basta con desarrollar proyectos de generación si no existen redes suficientes para transportar la energía hasta los usuarios.
Las cifras de la organización también indicaron que solo entró en operación 15,6 % de la nueva capacidad de generación prevista para 2026, y que 60 % de 42 proyectos de transmisión presentan retrasos, principalmente por factores sociales y ambientales. En gas, añadió, los trámites ambientales han retrasado proyectos como Sirius, en el Caribe colombiano, y la perforación de Komodo-1. El gremio recordó, además, que aún están pendientes los proyectos de transporte necesarios para llevar este gas hasta los principales centros de consumo.
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