Las altas cortes regresan de la vacancia judicial y con ello se reactivan discusiones de alto impacto para el Gobierno y el Congreso, entre ellas la revisión de la emergencia económica y el futuro de la reforma pensional. De acuerdo con la normatividad, las vacaciones colectivas finalizaron el sábado 10 de enero de 2026, lo que permite reanudar formalmente la actividad jurisdiccional.
En el caso de la Corte Constitucional, uno de los asuntos prioritarios será el control de legalidad del decreto “madre” de emergencia económica y de los decretos que se han expedido al amparo de esta figura.
Hasta ahora, se entraría a revisar el Decreto 1474 de 2025, que establece un paquete de medidas tributarias con el que el Gobierno busca recaudar $11,1 billones para atender necesidades urgentes. Entre las disposiciones se incluyen ajustes al IVA, un impuesto a la riqueza, gravámenes al sector extractivo y mecanismos de recaudo inmediato.
Paralelamente, otras instancias como el Consejo de Estado podrían reactivar el estudio de demandas relacionadas con el decreto del salario mínimo y otros actos administrativos expedidos por el Ejecutivo.
Reforma pensional: votación destrabada, pero sin fecha
En cuanto a la reforma pensional, la Corte Constitucional retomará la convocatoria de la Sala Plena para reanudar la discusión y votación de la ponencia que evalúa la constitucionalidad de la ley, en revisión desde hace varios meses.
El análisis se ha prolongado por una combinación de factores jurídicos y políticos. En noviembre, la Sala Plena adoptó dos decisiones clave: primero, apartó del debate al magistrado Héctor Carvajal, al considerar que estaba impedido por haber emitido conceptos jurídicos para Colpensiones antes de llegar al tribunal; y segundo, realizó una primera votación que terminó en empate, dejando el futuro de la norma en suspenso.
Carvajal era visto como un voto determinante, dada su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su trayectoria como asesor de la administradora pública.
Superado ese episodio, el proceso quedó condicionado a la designación de un conjuez, necesario para destrabar la votación.
Cabe recordar que el alto tribunal devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes para corregir vicios de procedimiento, aunque congresistas de oposición sostienen que esa subsanación no se realizó de manera adecuada.
Pese a ello, el Gobierno ya puso en marcha una de las medidas contempladas en la norma: el pago de un bono pensional de $230.000 a cerca de tres millones de adultos mayores.
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