El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Louis Kleyn, reveló que en los próximos meses habrá nuevos cierres financieros en los proyectos de infraestructura.
Sin embargo, reconoció que las principales trabas de los proyectos son las demoras en el inicio de obra por temas financieros, las licencias, los predios y la decidia de algunos constructores que quieren cobrar por infraestructura dejada a medias.
Estos son los principales apartes de una entrevista concedida a la Revista Dinero:
¿A corto plazo qué se puede hacer para destrabar la 4G?
El mandato que tenemos es gestionar y tratar con todas las partes, obtener compromisos a punta del diálogo.
En la práctica, ¿Eso se traduce en qué? ¿Cambios en los contratos?
En la práctica sí son otrosíes para extender el tiempo de las concesiones cuando se justifique y un manejo más realista de los eventos eximentes de responsabilidad y de las dificultades que encuentran las concesiones.
Y, por otro lado, escuchar a las autoridades ambientales y tratar de dialogar con ellas y debatir con ellas para convencerlos de las necesidades de un determinado proyecto vial.
Queremos crear espacios de diálogo con las comunidades y tratar de convencerlas, estar pendiente de cuáles son sus necesidades. En resumen, comprensivos y modernos, pero efectivos.
Algunos contratos se están ampliando al año 2020 o más allá, ¿Eso va a pasar con todos?
El resultado de los ejercicios que hicimos arroja que todos los contratos no cumplen con los cronogramas originales.
¿Cómo es esa negociación? Porque ahí están tanto la Contraloría como Procuraduría…
La ANI después de lo de (Luis Fernando) Andrade sufrió mucho, fue un shock para la entidad. Andrade fue un tipo que hizo la ANI, cogió el Inco y lo transformó por completo. La gente sentía un liderazgo con él. Cuando él se mete en problemas, la entidad tiene una actitud rebelde y entonces no hacemos nada. Y en ese sentido, el comportamiento con algunas concesiones pudo ser irresponsable.
La entidad dejó pasar el tiempo sin resolver los problemas. Pasan los meses y eso vale oro tanto para el país como para los concesionarios y los bancos. Es un desastre. Y así hay varias concesiones: Sisga, Yopal-Villavicencio, Barrancabermeja-Yondó, etc.
Y estas cosas no es que sean imposibles de explicar a la Contraloría o Procuraduría. El país funciona, contrata y gasta dinero. Somos una de tantas entidades en el país que ejecuta mucho presupuesto. Las soluciones contempladas están dentro del contrato y tienen sustento lógico y económico.
Además, contaremos con el acompañamiento tanto de la Contraloría como de la Procuraduría.
¿Cuándo se firman esos otrosíes?
Los estamos suscribiendo ya. Firmamos un evento eximente con Barrancabermeja-Yondó, el cual permitió el cierre financiero; un otrosí en Villavicencio-Yopal, que dará inicio a la etapa de construcción y estamos desbloqueando Bogotá–Villavicencio (Coviandes), donde se tiene que hacer el nuevo puente de Chirajara. Insisto, se estaban bloqueando con el tema; el puente Chirajara se cayó y se dijo: ¿Ahora qué hacemos? El contrato se termina y el puente no está… El tema estaba para replay.
Lo que hicimos fue ponerle lógica, extendimos el contrato un poquito y ahora se hará el nuevo puente. Paralelo a ello, estamos sancionando al concesionario por el retraso.
Sí se pueden destrabar entonces…
El problema es que algunas como Santana-Mocoa, que la están vendiendo, se han alargado mucho tiempo. Se ha decretado la caducidad y un evento remedial, pero podría ser demasiado tarde porque la concesión no está cumpliendo con los servicios y la presión de la comunidad es grande.
Y así pasa con otras, como la Vía 40 Express. Ese es un ‘gallo’ de los mayores porque tiene una investigación por colusión en la licitación.
¿Sabe si ellos tienen interés en devolver esa concesión?
No sé. Pero estamos abiertos a cualquier solución legal porque nos preocupa que eso se enrede. Aparentemente el proceso en la SIC es sumamente lento y necesita de un año y medio. En teoría, en ese tiempo ellos no podrían recibir financiamiento en el proyecto. La adjudicación aparentemente estuvo viciada y así es difícil acceder al crédito.
Solarte está vendiendo y no se ha hecho mayor cosa en el sur del país…
Muchos constructores han abusado de la etapa de preconstrucción. Nosotros no estamos para esperar a que todos los constructores consigan su dinero, financiación, resuelvan sus problemas y posterguen el inicio de obra. En eso sí vamos a ser más duros con los concesionarios. El tema al final es ser más proactivo y equilibrado en las relaciones con todas las partes.
Casi todas las vías 4G tienen problemas, ¿Cómo va a priorizar?
Ya hemos avanzado. En Pacífico 1 (Primavera-Ancón-Bolombolo) el contrato acaba de empezar tardíamente. Es una vía que antes dependía del Invías y el concesionario no ha recibido todos los tramos. Sin embargo, este contrato va a salir adelante.
En cuanto a la Malla Vial del Valle, esta entró en reversión al Invías y se está estructurando una nueva concesión que va a incluir la Malla Vial y la bajada hasta Buenaventura. Solarte la tenía y la devolvió.
Rumichaca-Pasto: yo creo que en enero de 2019 tiene cierre financiero, allá han funcionado –por ahora– con equity.
¿ Y cuáles proyectos 4G ya no van?
La iniciativa privada (IP) de Cesar-Guajira se canceló, en Manizales-Cambao el concesionario dice que no va por el problema del páramo y Magdalena 2 está muy atrasada.
¿Y qué nuevas IP hay?
Estamos cerca de adjudicar la concesión Pereira-La Victoria- Cerrito-La Virginia. La propuesta inicial era de Conalvías y luego se la vendió a Colpatria, ellos la están revisando.
También le cuento que la nueva Ruta del Sol 2 la vamos a dividir en dos contratos: Ruta 45, entre Puerto Salgar y Barrancabermeja y
Barrancabermeja-San Roque. Con esta separación la idea es hacer los contratos más fáciles de financiar.
¿En puertos, qué novedades puede contar?
Puerto Antioquia en Urabá está avanzando y creemos que va. Pisisí también avanza.
¿Y de las grandes concesiones portuarias?
Estamos bien. Queremos ver qué vamos a hacer cuando se expiren las concesiones actuales. La Sociedad Portuaria de Cartagena se vence en 2027 y el problema es que si no tenemos claro qué va a pasar después (ellos) podrían dejar de hacer inversiones. Es una preocupación grande de la ministra (Ángela Orozco). No hay que olvidar que solo se puede hacer una adición por Ley y esa ya se agotó.
¿Y el El Dorado 2?
Hay una propuesta de Odinsa para construir una tercera pista. Estamos pendientes de un estudio del espacio aéreo de Bogotá que está haciendo la Aerocivil.
Creemos desde la ANI que es necesario potenciar este aeropuerto, nos parece clave. También debemos mirar si lo primero es la tercera pista. (Ver la nota del Aeropuerto El Dorado en el especial de infraestructura que circula desde el 23 de noviembre).
Así mismo, estamos estudiando una IP para concesionar los aeropuertos de Buenaventura, Cali, Neiva, Armenia e Ibagué. Ese proceso se abre en el segundo semestre del próximo año y detrás de eso está Corficolombiana. El nuevo terminal del aeropuerto de San Andrés también se hará por concesión.
¿Y el aeropuerto para Manizales?
Estamos apoyando este proyecto, es un mandato gubernamental.
¿Algo en el tema férreo?
El Regiotram lo estamos apoyando y ya se adjudicaron los estudios. También ha habido interés en el tren de cercanías de Soacha.
