La declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro empezó a ser foco de demandas desde sectores políticos y empresariales.
Los demandantes buscan frenar tanto el decreto principal como las medidas que se han expedido con base en esta figura excepcional.
Según ha explicado el Ejecutivo, la emergencia económica fue decretada con el objetivo de recaudar parte de los recursos que se pretendían obtener mediante la reforma tributaria que se cayó en el Congreso.
Uno de los primeros movimientos provino del Consejo Gremial Nacional, que solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia y, de manera preventiva, la suspensión de todos los decretos legislativos que se expidan con fundamento en esa declaratoria, hasta el momento el 1474 de 2025 sobre impuestos.
En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que radicó una solicitud ante la Corte Constitucional —que hoy retoma sesiones— en la que pide suspender el decreto de emergencia económica, al considerar que el Gobierno estaría asumiendo funciones propias del Congreso.
“Estamos pidiendo suspender el decreto de la supuesta ‘emergencia económica’ con el que Petro quiere hacer y deshacer a su antojo”, señaló Gutiérrez, quien además solicitó una medida cautelar urgente mientras se adopta una decisión de fondo, que —en su criterio— debe ser la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto.
Gutiérrez invitó a ciudadanos, gobernadores, alcaldes, empresarios y gremios a sumarse a la solicitud.
Así será el estudio en la Corte Constitucional
El estudio del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declaró el estado de emergencia, quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien será el encargado de evaluar su constitucionalidad y de decidir si procede una suspensión provisional.
Camargo es un magistrado cercano a sectores de oposición, y contó con el respaldo de partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador, además de apoyos del uribismo para su llegada a la Corte. Así que se prevé que sea un muro de contención para la iniciativa del gobierno.
En paralelo, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que adopta medidas tributarias para atender los gastos derivados de la emergencia, fue repartido al magistrado Juan Carlos Cortés González.
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