El Ministerio de Hacienda propuso recientemente aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a las transacciones realizadas mediante el nuevo sistema Bre-B. De ser aprobada, esta medida no solo implicaría ajustes fiscales, sino también un desafío tecnológico significativo para el ecosistema digital del país, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en el comercio electrónico.

El borrador del decreto establece que el propósito de la retención es equiparar el tratamiento tributario entre los pagos digitales y aquellos efectuados con tarjetas, sobre los cuales ya se aplica este tipo de cobro. Con ello, la cartera busca reducir las diferencias fiscales entre los distintos métodos de pago y fortalecer la equidad en el sistema tributario.

Sin embargo, la propuesta ha despertado preocupación entre expertos y actores del sector financiero, quienes advierten que la medida podría desacelerar el crecimiento de los medios de pago electrónicos y encarecer las operaciones digitales. Este efecto, según señalan, pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de inclusión y educación financiera en los últimos años.

El cambio que tendría la imposición de retefuente en transacciones de Bre-B

Para el doctor en Ciencias Económicas, Óscar Manco López, el impuesto a las transacciones digitales podría representar un retroceso en la política nacional de bancarización y digitalización. “Iniciativas como Pix en Brasil o Zelle en Estados Unidos han demostrado que promover el dinero digital y disminuir el uso del efectivo impulsa la formalización y la inclusión financiera. Una medida como esta iría en sentido contrario”, sostuvo el académico.

Por su parte, Lucas Souza, director de innovación de la firma Kuvasz Solutions, explicó que la propuesta no solo implica un impacto tributario, sino también un reto tecnológico para los comercios. Muchos de ellos no cuentan con sistemas automatizados que permitan calcular, descontar y reportar la retención en tiempo real. “Será necesario incorporar módulos de conciliación automática, API seguras y procesos de automatización inteligente que garanticen la precisión y trazabilidad de las operaciones”, precisó.

Souza añadió que las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas, ya que tendrían que invertir en infraestructura tecnológica para cumplir con las nuevas exigencias sin deteriorar la experiencia del usuario ni generar sobrecostos. Además, destacó que cualquier regulación debe acompañar la innovación y no frenarla. “Las plataformas como Bre-B deben ser una herramienta de inclusión, no una carga para los usuarios ni para los comercios”, subrayó.