La situación de las finanzas públicas en Colombia ha alcanzado un punto crítico tras el sinceramiento presupuestal del Gobierno De la Espriella. De no corregirse de forma inmediata esta trayectoria mediante un ajuste legal y presupuestal, en un plazo de cuatro a cinco años el país gastará más de la mitad de sus recursos en el servicio de la deuda, y en ocho años la totalidad de la recaudación tributaria se absorberá por este concepto.
Así lo señaló Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), durante una entrevista concedida a Valora Analitik en el marco de su alianza estratégica con Renta4Global.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El experto analizó las causas del desbalance presupuestal, las limitaciones de los recortes burocráticos y la urgente necesidad de reactivar el crecimiento económico y recuperar la credibilidad en los instrumentos de planeación fiscal del país.
¿Cómo evalúa el CARF el sinceramiento de cuentas del nuevo Gobierno y el aumento del déficit fiscal a niveles históricos?
El país viene arrastrando un déficit incremental desde hace tres o cuatro años sin lograr un equilibrio entre ingresos y gastos. El gobierno anterior acudió a la cláusula de escape de la Regla Fiscal, pero presentó un presupuesto para 2027 que ocultaba gran parte de los gastos inerciales y tendenciales del Estado. El actual gobierno hizo explícitos estos componentes, lo que dejó al descubierto un déficit primario superior al 7 % del PIB y un déficit total que supera el 9 %, cifras inéditas en nuestra historia. Si el país continúa endeudándose a un ritmo de al menos 4 % del PIB cada año para cubrir estos faltantes, la senda de la deuda se vuelve explosiva y tarde o temprano derivaremos en una crisis fiscal total si no se aplican correcciones drásticas.
¿Qué tan cerca está Colombia de una deuda impagable y de entrar en una situación de insolvencia?
La Regla Fiscal establece un límite máximo de endeudamiento del 71 % del PIB, con un margen de precaución del 55 %. Hoy nos encontramos muy cerca del 71 %, un nivel que consideramos un punto de no retorno o situación irreversible. Actualmente, el Gobierno Central dedica un tercio de sus ingresos exclusivamente a pagar intereses. Si no aplicamos un ajuste legal y presupuestal severo, en cuatro o cinco años destinaremos más de la mitad de los ingresos al pago de intereses, y en ocho años la absorción será del 100 % de la recaudación tributaria. Esto representaría un escenario técnico de insolvencia. Aunque Colombia siempre ha sido un país ordenado que corrige a tiempo, entre más se posponga esta decisión, más costoso y doloroso será el ajuste.
¿Son suficientes los anuncios de recorte de nómina y burocracia para solucionar el problema fiscal?
Aunque todo ajuste en el gasto de personal es bienvenido y permite buscar eficiencia, no es el rubro que más rinde fiscalmente. El 85 % de la nómina estatal corresponde a fuerzas militares, justicia y educación; la burocracia administrativa solo representa entre el 10 % y el 15 %. Las verdaderas presiones del gasto están en dos frentes masivos: primero, el servicio de la deuda, donde las tasas de interés superiores al 12 % pesan enormemente; y segundo, las transferencias inflexibles fijadas por norma para salud, pensiones, descentralización, subsidios a combustibles y energía, y fondos especiales. Es en esas transferencias y en el costo de la deuda donde se encuentran las verdaderas vetas para lograr un recorte significativo.
Sin una reforma tributaria tradicional, ¿dónde deben buscarse los nuevos ingresos y qué rol juega el crecimiento económico?
Se requiere un ajuste de por lo menos cuatro puntos del PIB, el cual no se puede lograr únicamente recortando gastos debido a las inflexibilidades presupuestales. Por ello, se deben explorar nuevos ingresos mediante la reducción de exenciones, el control de abusos en deducciones tributarias de personas jurídicas y la lucha contra la evasión, además de impulsar sectores estratégicos como hidrocarburos y vivienda. Sin embargo, la condición fundamental de sostenibilidad es que el crecimiento económico supere a la tasa de interés real. Hoy crecemos a menos del 2 % y la tasa tendencial se ubica en 2,5 %. Si no elevamos la inversión pública y privada para volver a crecer al 3 % o 4 %, cualquier esfuerzo de ingresos o recortes será poco efectivo.
¿Cómo se compara la situación fiscal de Colombia frente al resto de países de América Latina?
Históricamente, Colombia se mantenía en los promedios regionales con finanzas creíbles y un endeudamiento cercano al 40 % del PIB. Hoy estamos en el grupo más complicado de América Latina y registramos el segundo déficit fiscal más alto de la región, solo superado por Brasil. Nuestra deuda ya roza el 60 % del PIB y, según las proyecciones del actual plan financiero para 2027, alcanzará el 67 %, pudiendo subir rápidamente al 70 % ante cualquier choque de rebote cambiario. Este deterioro no solo nos deja expuestos a perder la calificación crediticia y encarecer el financiamiento, sino que nos sitúa en un rango de riesgo real de incumplimiento en algunos pagos.
¿Qué alternativas o recetas propone el CARF para frenar el crecimiento acelerado de la deuda?
Recomendamos reperfilar la deuda para suavizar los vencimientos y equilibrar los compromisos de corto y largo plazo, evitando concentraciones de pago que ahoguen la caja. También es clave acudir a financiamiento más económico con banca multilateral, aunque implique condicionalidades. No obstante, la solución de fondo es lograr en un plazo máximo de tres a cuatro años un balance primario neutral o positivo. Además, debemos recuperar la credibilidad en los tres instrumentos de planeación fiscal: el plan financiero, el marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto nacional, los cuales deben guardar total coherencia entre sí para brindar certeza a los mercados financieros.
Ante los constantes incumplimientos de la Regla Fiscal, ¿debería el CARF tener facultades vinculantes para sancionar o modificar gastos?
Considero que el CARF debe mantenerse tal como está, sin carácter vinculante. Si nuestras opiniones dictaran decisiones sobre el presupuesto o el endeudamiento, nos convertiríamos en ejecutores de política pública y seríamos juez y parte, perdiendo nuestra autonomía e independencia técnica. Nuestro valor más importante es hacer transparentes y públicas las cifras fiscales. Operamos como el ‘VAR del fútbol’: señalamos objetivamente si la jugada está bien o mal y a cuántos metros estamos de la regla. Corresponde a los mercados financieros castigar o premiar la conducta fiscal, y al Congreso de la República llamar a cuentas al Ejecutivo cuando se violen los límites.
¿Cuál es la situación actual sobre el financiamiento operativo del CARF y la relación con el Gobierno?
El CARF es una entidad sumamente barata para el país, sin burocracia ni gastos ostentosos. Pese a ello, el gobierno anterior solo nos financió durante diez meses de este año, dejando al comité en riesgo de desfinanciamiento. El nuevo gobierno prometió solucionar esta partida presupuestal mínima y confiamos en que el trámite se concrete pronto. Es justo destacar que, más allá de nuestras profundas diferencias técnicas con la administración saliente y la entrante, ambos gobiernos han mantenido una relación de total transparencia, garantizando el acceso a la información y respetando la independencia de nuestro trabajo técnico.
—
