El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció la implementación de un recargo temporal en la tarifa del servicio de energía eléctrica como una medida orientada a mitigar la compleja situación financiera que atraviesa la empresa Air-e, actualmente bajo intervención estatal.

La decisión busca generar recursos adicionales que permitan atender las obligaciones acumuladas de la compañía y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad del sistema eléctrico en el país.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el ajuste consistirá en un cobro estimado de ocho pesos por cada kilovatio/hora consumido. Si bien se reconoce que este incremento tendrá un impacto directo en el presupuesto de algunos hogares, el Gobierno precisó que se trata de una medida transitoria, diseñada exclusivamente para enfrentar un escenario coyuntural que, de no ser atendido, podría derivar en mayores afectaciones para el conjunto de los usuarios del sistema.

¿Por qué están exentos del nuevo cobro los estratos 1 y 2?

Uno de los puntos centrales de la decisión es que el recargo no será aplicado de manera generalizada. Según lo establecido, únicamente los usuarios pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional. En contraste, los hogares clasificados en los estratos 1 y 2 quedarán exentos de la contribución, con el fin de proteger a los sectores de menores ingresos y evitar una carga económica adicional sobre las poblaciones más vulnerables.

El anuncio fue realizado por el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, quien explicó que el objetivo principal de esta medida es prevenir riesgos de mayor alcance para el Sistema Interconectado Nacional. En sus declaraciones, el funcionario advirtió que el crecimiento sostenido de las deudas de Air-e podría traducirse en un problema estructural que comprometa la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en amplias regiones del país.

Durán también señaló que la exclusión de los estratos 1 y 2 se sustenta en el marco normativo vigente, particularmente en las disposiciones especiales contempladas en la Resolución 003 de 2021, la cual establece esquemas diferenciados de pago para los usuarios con menores ingresos. Bajo este enfoque, el Estado busca equilibrar la necesidad de recaudar recursos con el deber de garantizar el acceso al servicio en condiciones justas y equitativas.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos manifestó su respaldo a la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se solicitará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la definición de un instrumento que permita fortalecer la confiabilidad del sistema frente al estrés financiero derivado de las obligaciones acumuladas. Las autoridades insistieron en que la prioridad es evitar un escenario de colapso que termine afectando a millones de usuarios y asegurar que la prestación del servicio eléctrico se mantenga en condiciones sostenibles a mediano y largo plazo.