Este 21 de septiembre, Amnistía Internacional, organización que busca proteger los Derechos Humanos, publicó un informe evidenciando que Colombia, junto a tres países de Latinoamérica, incumple obligaciones para proteger a venezolanos.
La migración de venezolanos al país ha sido un tema polémico que abarca seguridad de ciudadanos, oportunidades laborales, de vivienda, educación, entre otros.
Sin embargo, Migración Colombia hace lo posible para expedir el Permiso por Protección Temporal a quienes lo solicitan para que puedan estar legalmente en el país, adquirir empleo y otras oportunidades para vivir.
También está el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos para que puedan permanecer en Colombia por 10 años y es para aquellos que ingresaron entre el 31 de enero de 2021 y el 28 de mayo del presente año.
Una vez tienen este documento, pueden acceder al sistema de salud, afiliarse a un fondo de pensiones, acceder a educación básica y superior, y aplicar a ofertas laborales.
También se destacada que con el ETPV pueden tramitar las tarjetas profesionales necesarias para ejercer su profesión.
No es suficiente para la seguridad de venezolanos en Colombia
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional.
Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70 % de 7,71 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria y la situación política, económica y social del país bajo el mandato de Nicolás Maduro.
“Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas que huyen de esta situación necesitan protección internacional y por tanto deberían ser reconocidas como refugiadas”, se aprecia en el informe.
El informe Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas, analiza las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad.
Con base a esos criterios Amnistía Internacional determinó que Colombia, ni los países de la región, han suscrito los parámetros de derecho internacional que establecen las obligaciones de los Estados respecto de personas refugiadas, en concreto la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984.
“En base a estas normas legales, están obligados a proteger a las personas venezolanas que han huido de su país”, sentencia la organización.
Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V), Colombia es el país que acoge el mayor número de ciudadanos del país vecino.
La organización señala que el país cafetero alberga 2.9 millones de venezolanos, y que cuando Colombia opte por programas de protección temporal y complementaria, debe garantizar que estos cumplan con los criterios de legalidad, accesibilidad y protección de derechos, incluyendo la no devolución.
