Los escenarios de mayores importaciones de gas natural pueden tener fuertes efectos en las tarifas que pagan los ciudadanos, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, en el que también se plantea la necesidad de revisar la manera en la que son asignados los subsidios.
Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios, manifestó que el año pasado “el país tuvo que importar casi un 20 % del total de la demanda, pero las perspectivas de mediano plazo son aún peores”.
La nota técnica de Fedesarrollo menciona cuáles serían los impactos para el usuario final, en caso de un aumento en las importaciones, según el cual “se estima que el total del gas importado podría llegar al 40 % o el 50 % para el abastecimiento de la demanda” con consecuencias en el precio para hogares residenciales, el comercio y la industria.
En este orden de ideas, Mejía afirmó que “si el 50 % del gas para abastecer la demanda es importado, en promedio habría un aumento de las tarifas del 40 %” el cual, discriminados por ciudades, pesaría más en Bogotá, con incrementos de 45 %, Medellín y Bucaramanga casi un 20 %, un 30 % en Cali y de 12 % en Barranquilla, que está más cerca de la planta de regasificación.
“Veremos aumentos importantes si no hay señales de política pública y medidas que permitan evitar escenarios de racionamiento de gas, como los que estamos estimando para finales del 2025 y principios del 2026”, dijo el director de Fedesarrollo.
Además, dijo que estos escenarios de racionamiento de energía y gas podrían costar 1,5 puntos porcentuales en materia de crecimiento económico.
Fedesarrollo propone reforma a la asignación de subsidios
Para Mejía, los subsidios de servicios públicos que usualmente eran del orden de $3 billones a $4 billones, aumentaron por el alza del precio de la energía “y eso implica, por supuesto, un mayor esfuerzo por parte del presupuesto”, lo que calificó como insostenible.
En especial, si se tiene en cuenta que “el 81 % de los subsidios en energía y servicios públicos le está llegando a hogares que no son pobres, es decir, la enorme mayoría” y dijo que $3 de cada $4 que gasta el Gobierno para subsidiar los servicios públicos le están llegando hogares que no son pobres.
“El país tiene que tomar la decisión, primero, de pagar las deudas, pero también de refocalizar los subsidios para garantizar que estos subsidios sí le llegan a personas pobres y vulnerables que eventualmente lo necesitan”, completó.
