El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para diferenciar las protestas pacíficas de hechos de violencia, vandalismo o terrorismo en universidades públicas.
El mandatario aseguró este domingo 13 de septiembre que impartió instrucciones para establecer criterios que permitan determinar cómo deberán actuar las autoridades ante situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación para distinguir cuándo se está en protestas o en momentos de violencia”, afirmó De la Espriella en una alocución difundida a través de sus redes sociales.
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El presidente reiteró que su Gobierno respetará y garantizará las manifestaciones que se desarrollen dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, señaló que habrá una actuación diferente cuando se presenten hechos violentos.
“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno”, sostuvo.
A renglón seguido, diferenció las movilizaciones legítimas de conductas que, según explicó, deben ser enfrentadas por el Estado.
“Pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protestas, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, afirmó.
Policía será la primera autoridad operativa
De acuerdo con el presidente, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender este tipo de situaciones y podrá intervenir en los campus cuando se presenten hechos violentos o se estén preparando actos vandálicos o terroristas.
“La Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender estas situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas”, señaló.
De la Espriella también se refirió a la autonomía universitaria y aseguró que esta no puede impedir la actuación del Estado frente a hechos que afecten el orden público.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó.
El mandatario aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieran estudiar, debatir y protestar pacíficamente, así como a los integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil.
“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, agregó.
Según el presidente, quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública serán perseguidos por las autoridades.
