Una demanda podría poner en vilo a los municipios del país que, de ser resuelto, dejaría sin ‘piso jurídico’ las exigencias de cesiones urbanísticas para los desarrollos inmobiliarios ubicados en suelo rural o suburbano, solicitadas por las administraciones municipales.
Lo anterior, según el jurista y académico Juan Sebastián Briceño Torres, especialista en derecho urbano, tributario y economía urbana, quien a través de su firma de abogados Consultores Urbit, interpuso una demanda millonaria ante el Consejo de Estado en materia de ordenamiento territorial.
La demanda, que cursa en la sección Primera del Consejo de Estado, busca la declaratoria de nulidad de dichas cesiones por ilegalidad de inconstitucionalidad del artículo 19 del Decreto Presidencial 3600 del año 2007, el cual reglamenta la ley 388 de 1997.
“Este Decreto excedió la potestad reglamentaria e invadió una competencia exclusiva del legislador, es decir, que la reglamentación incluida en el artículo 19 del decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del decreto 4066 de 2008, excedió el alcance de la ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial, debido a que creó situaciones jurídicas nuevas que no estaban contempladas en la misma ley”, explicó Briceño, autor de la demanda.
Recomendado: Producción de cemento en Colombia sigue cayendo
El futuro de las cesiones urbanísticas en todo el país
El pleito involucra a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidades que serán las encargadas de enfrentar la demanda.
“El caso tiene gran importancia porque no solo involucra entidades del orden nacional, sino también todos los municipios de Colombia que son entidades del orden territorial, en donde ya interpusimos las demandas correspondientes y en caso de prosperar, tendrían que modificar sus planes de ordenamiento territorial y ajustarse a las decisiones judiciales”, afirmó Briceño.
Con esta decisión, los desarrolladores inmobiliarios y constructores podrán optimizar sus proyectos para que los espacios destinados a espacio público puedan ser destinados a zonas comunales en los respectivos proyectos urbanísticos.
Le corresponde entonces a la sección primera del Consejo de Estado decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto reglamentario demandado y a los jueces de la república las respectivas demandas lideradas por el abogado Juan Sebastián Briceño Torres.
