La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) intensificó sus controles en Bogotá, liderando dos jornadas de inspección que culminaron con el cierre temporal de 21 establecimientos de comercio por tres días, debido a incumplimientos relacionados con la expedición de factura electrónica.
Estas sanciones afectaron tanto a sociedades como a personas naturales con negocios ubicados en sectores como La Alquería, Venecia, La Candelaria, Kennedy, Restrepo y San Isidro, que abarcan una amplia diversidad de la actividad económica de la capital. Entre los negocios sancionados se encontraban bares, restaurantes, almacenes de calzado, tiendas de textiles, fruver y locales de artículos de belleza.
La importancia de la facturación electrónica
La facturación electrónica no solo es una obligación legal, sino que se ha convertido en un mecanismo importante para la formalización empresarial y la lucha contra la evasión de impuestos en Colombia.
Esto permite que todas las transacciones queden registradas de manera digital y en tiempo real ante la DIAN, lo que facilita la trazabilidad de las operaciones comerciales, la transparencia y la equidad en la competencia empresarial.
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Patricia González Vasco, directora de la Seccional de Impuestos de Bogotá, destacó: “La facturación electrónica es un requisito legal y una herramienta clave para garantizar la transparencia, prevenir la evasión de impuestos y promover la formalidad empresarial. Cuando cumplimos con esta normatividad, aportamos al desarrollo del país y garantizamos la igualdad en la competencia empresarial”.
El uso de facturación electrónica permite a las empresas reducir costos operativos, mejorar la organización contable y minimizar errores humanos.
Por ello,la DIAN anunció que continuará adelantando este tipo de operativos en diferentes zonas de Bogotá y del país, con el fin de reforzar la cultura de la legalidad y proteger a los empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias. Estos esfuerzos se enmarcan en la estrategia nacional para mejorar el cumplimiento voluntario y reducir los niveles de evasión que, según estimaciones, generan pérdidas millonarias al Estado colombiano cada año.
