Por: Martín Ramírez y Juan Carlos Guasca, asociados de CCADI
Paulatinamente, diversos países han dado pasos para redireccionar el sector financiero hacia sendas más sostenibles, que estén alineadas con las metas nacionales e internacionales fijadas en el Acuerdo de París.
En julio, por ejemplo, la Unión Europea propuso a sus países miembro una serie de medidas para alcanzar la carbono neutralidad para 2050 y la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) —entidad que coordina las reglas financieras para el grupo de naciones del G20— publicó una hoja de ruta para establecer un plan integral y coordinado que aborde los riesgos climáticos en el sector financiero.
En España, dentro de la Ley de Cambio Climático —expedida el 20 de mayo de este año— fueron incluídas directivas al Banco de España y a los fondos de pensiones para divulgar y publicar la alineación de la economía nacional con las metas climáticas y la mitigación de los riesgos climáticos, que se traducen a su vez en riesgos financieros que van desde el deterioro de carteras hasta la disminución de las rentabilidades a nivel de portafolios de inversión.
Hasta ahora, el continente americano tampoco se ha rezagado en esta tarea. Chile anunció una hoja de ruta para una taxonomía de inversiones verdes, así como normas de divulgación específicas para fondos de pensiones y emisores de valores chilenos, lo que consolida el liderazgo de su Ministerio de Finanzas en la promoción de la acción climática y de sostenibilidad en el sector financiero.
De igual forma, en particular en el año 2021, Colombia ha dado pasos importantes en la creación de un marco regulatorio que incorpore los asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y de cambio climático en las políticas de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las compañías aseguradoras. Además, Colombia también ha promulgado diferentes normas dirigidas a reflejar el impacto del cambio climático en los mercados financieros y de capitales.
Aunque la expedición de estas normas pone al país al día en esta materia —tal y como lo están España y Chile— Colombia aún posee oportunidades únicas para consolidarse como líder en la región, avanzar rápidamente en la creación de un sector financiero menos vulnerable a los impactos del cambio climático y lograr capitalizar oportunidades para la diversificación de los portafolios en sectores poco intensivos en carbono y adaptados a la transición.
En particular, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 7 de 2021. Esta norma determina que cada uno de los fondos de pensiones y los portafolios de cesantías, administrados por las AFP, deberá integrar los asuntos ASG y de cambio climático en los objetivos de inversión. En este punto, llama la atención el esfuerzo de la norma por aplicar los principios de gobierno corporativo, lo que le atribuye funciones relevantes a todos los órganos de control de las entidades financieras.
Para dar cumplimiento a esta nueva normativa, las juntas directivas deben ajustar sus políticas de inversión y los Comités de Riesgo y de Inversiones, en desarrollo de sus funciones, tienen que incluir el impacto de estos asuntos dentro de sus análisis para la toma de decisiones.
Aunque las AFP y las aseguradoras en Colombia han venido avanzando en la evaluación del cambio climático en los fondos de pensiones y aseguradoras, aún queda bastante camino por recorrer para responder a estas nuevas exigencias legales. Para responder a éstas las AFP y las aseguradoras colombianas se han unido al reto mundial de evaluar la información, metodologías y métricas utilizadas por los emisores de valores y demás empresas en las que invierten para mitigar el cambio climático.
Frente a este reto, la Superintendencia ha tomado como referente los principios del Task Force on Climate- Related Financial Disclosure (TCFD) en los cuales los diferentes agentes de los mercados financieros y de valores adquieren elementos objetivos para comenzar a incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático dentro de su análisis de riesgos, estrategia de inversiones y de negocios.
De acuerdo a las recomendaciones de TCFD, la entrega de información a los mercados debe cumplir con diferentes características: ser relevante, específica, completa, clara, consistente, comparable, confiable, actualizada y oportuna. El suministro de información bajo estas condiciones traerá grandes beneficios a los emisores y a los inversionistas, dado que permitirá conocer el impacto del cambio climático de una manera más clara y uniforme.
Así mismo, la Circular Externa 8 de 2021 de la SFC señala los parámetros que deben cumplir los reglamentos de los Fondos Voluntarios de Pensiones. Respecto de los factores ASG y de cambio climático, establece que debe ser informada la metodología de medición y las estrategias para explicar la asignación de tal denominación. Esta norma representa un avance importante dado que tanto las AFP como los afiliados conocerán cómo sus recursos pueden contribuir a disminuir los impactos del cambio climático y promover la transparencia en el mercado nacional.
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La expedición de estas circulares, crea un momento único para el sector financiero colombiano. La adopción de estas normas, de una forma que supere su simple cumplimiento, puede presentar ventajas competitivas para los portafolios de inversión que sepan ajustarse a uno de los retos más grandes a los cuales se ha enfrentado la humanidad. A manera de ejemplo, el mercado de finanzas verdes crece en América Latina, con casi USD 13.000 millones en emisiones de bonos verdes. Brasil domina, con el 41% del total. Chile le sigue con un 25% y México es el tercero con un 14%, (Climate Bonds Initiative, 2019). Por lo tanto, la normatividad en vigencia consolida los mercados financieros lo cual se traduce en una oportunidad para su crecimiento y el de la economía en general.
En conclusión, Colombia ha dado un gran avance en la divulgación de información bajo parámetros internacionales respecto de los factores ASG y de cambio climático. Esto traerá un gran beneficio a los mercados financieros y de valores, puesto que atraerán inversiones dirigidas a proteger el medio ambiente y a ser resilientes al cambio climático.
Dentro de este contexto, es clave la divulgación de las acciones tomadas y una comunicación efectiva hacia diversos grupos de interés. Las entidades financieras colombianas al contar con este nuevo marco normativo forman parte de la vanguardia global para incentivar la canalización de recursos bajo criterios de sostenibilidad, competitividad y menor vulnerabilidad a los grandes riesgos que el cambio climático nos impone.
