La Procuraduría de Colombia investiga posibles faltas en la convocatoria hecha por ENTerritorio para contratar una plataforma tecnológica de más de $37.000 millones.
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) es una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Su objetivo principal es ser el aliado estratégico de las regiones, entes territoriales, entidades del orden nacional, sector público y privado, para estructurar y ejecutar programas y proyectos de alto impacto, que mejoren y transformen la vida de los colombianos.
La impresa investigada tiene una oferta de servicios orientada a cuatro líneas de negocios: Gerencia de proyectos, gestión de proyectos, estructuración de proyectos y evaluación de proyectos.
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La convocatoria de ENTerritorio investigada por la Procuraduría
Marcio Melgosa, procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, ha señalado después de investigaciones que ENTerritorio aparentemente ha pasado por alto principios clave en materia de contratación estatal.
Esto incluye la omisión de validar observaciones presentadas fuera de plazo, la negación del derecho de contradicción a uno de los proponentes y la selección de un oferente que no presentaba la mejor oferta, además de la inhabilitación del que había obtenido el puntaje más alto inicialmente.
Esta situación plantea una alerta por posible detrimento patrimonial, ya que el contrato en cuestión, destinado a adquirir servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la administración, operación, mantenimiento y gestión de la plataforma tecnológica, asciende a la suma de $37.844 millones.
Ante estos hallazgos, que ponen a ENTerritorio en una situación comprometida, Melgosa ha formulado recomendaciones y sugerencias (no publicadas por la Procuraduría) para que la entidad corrija las anomalías detectadas y cumpla con los estándares de rigurosidad exigidos en la función pública.
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