Dos reconocidas figuras del derecho constitucional, el exmagistrado y ministro de Justicia Eduardo Montealegre, y el académico Mauricio Gaona, se dieron cita para un debate sobre la legalidad y legitimidad del decreto de consulta popular, así como la posibilidad de una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
En el encuentro dirigido por el grupo Prisa, cada experto expuso sus argumentos técnicos, citaron casos y lanzaron advertencias sobre los riesgos institucionales.
Para el profesor Gaona, los fundamentos jurídicos del decreto que convoca la consulta popular son un “exabrupto constitucional” y reflejan una distorsión del derecho que podría poner en riesgo el equilibrio democrático.
“Son argumentos que jamás vi en una escuela de derecho”, señaló, al advertir que Colombia podría estar cayendo en un fenómeno de democratic blending, una práctica que —según explicó— ha llevado a la erosión institucional en países como Venezuela.
El fenómeno que cita Gaona se basa en usar mecanismos constitucionales con fines políticos, argumenta que se actúa bajo la voluntad del pueblo, pero al mismo tiempo debilitar las instituciones independientes o ignorar los límites legales.
Gaona rechazó la idea de que el presidente ejerza una especie de “control constitucional difuso”, y agregó: “El presidente no es un juez constitucional. No hay ninguna norma en la Constitución que le otorgue ese poder”, enfatizó.
¿Exabrupto jurídico o interpretación legítima?
En contraste, Eduardo Montealegre defendió la posición del Gobierno al asegurar que el decreto se sustenta en una interpretación legítima del orden jurídico. “El decreto no es un exabrupto jurídico, va en la misma orientación del Consejo de Estado”, argumentó. Según el expresidente de la Corte Constitucional, el Congreso sí produjo un acto jurídico al negar la consulta popular, pero dicho acto sería inconstitucional, lo que permitiría al presidente invocar la excepción de inconstitucionalidad.
Montealegre también insistió en que la Constitución no puede entenderse como un simple proyecto político, sino como una norma jurídica viva que debe adaptarse a las realidades sociales. “Estamos ante un bloqueo institucional y uno de los mecanismos de desbloqueo en una democracia es la consulta popular”, señaló.
Gaona, por su parte, replicó que lo que el Gobierno califica como “bloqueo” es, en realidad, la expresión natural de la oposición en una democracia. “Ese es el precio que se paga por vivir en libertad y con separación de poderes”, sentenció.
La consulta es un distractor: Gaona
El debate también tocó temas de fondo sobre la legitimidad del poder, la interpretación constitucional y el papel de los jueces en la defensa del orden democrático.
Mientras Montealegre enfatizó que “nadie tiene el monopolio de la verdad” y que “la verdad es una característica de los enunciados, no de las cosas”,
Gaona cerró su intervención diciendo: “El problema, señor ministro, es que la consulta popular —y esto lo sé muy bien— no es más que un distractor del verdadero propósito: la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esa consulta, tal como ustedes la aprobaron, viola normas constitucionales fundamentales. Fue emitida sin el consentimiento previo del Congreso, lo cual es un requisito”.
“El derecho constitucional no requiere exégesis, ni interpretaciones forzadas o lecturas evolutivas para entender lo básico: la ley es la ley. Una norma constitucional no necesita adornos teóricos para ser comprendida. Está claramente escrita”, agregó, dirigiéndose a los magistrados de la Corte Constitucional.
Y concluyó haciendo un llamado a otros actores institucionales: “A los honorables magistrados y magistradas del Consejo de Estado, al registrador nacional, a quienes están llamados a proteger el orden jurídico, les recuerdo que hay momentos en la historia de cada país en los que el carácter de sus líderes se entrelaza con el destino de la nación”.
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