Fiscalía impone medida de aseguramiento a exdirector de Función Pública por escándalo en la UNGRD

Los capturados habrían hecho parte de una red que direccionó contratos y desvió recursos públicos.

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La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por hechos de corrupción en la  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Junto a Manrique Soacha, otras siete personas también fueron privadas de la libertad, entre ellas Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado; su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien se desempeñaba como contratista de la UNGRD.

La medida también cobija a Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta Yupurutu; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y al contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo, vinculado también a la entidad de gestión del riesgo.

Según la Fiscalía, los capturados habrían hecho parte de una red que direccionó contratos y desvió recursos públicos a través de empresas fachada, con uso de documentos falsos y esquemas de lavado de dinero.

Los imputados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

En el curso del proceso se obtuvieron evidencias que dan cuenta de que el exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos.

En ese sentido, los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por $29.000 millones, con la Corporación Mixta Yapurutú.

Aquí fueron detectados sobrecostos por $13.164 millones, de los cuales $3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha, $2.060 millones a Riveros Rey y $6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.