El Grupo Energía Bogotá (GEB) apoyó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la traducción oficial al español de la actualización de las Directrices sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, emitidas en 2024 y publicadas este año. Este esfuerzo conjunto busca ampliar el acceso al principal referente global en materia de gobernanza corporativa aplicada a las empresas con participación de capital público, un tema de especial relevancia para la región latinoamericana.
Las Directrices constituyen el estándar internacional más importante en el diseño, funcionamiento y supervisión de las estructuras de gobierno corporativo de las empresas con participación estatal. Su objetivo es asegurar que dichas empresas operen con altos niveles de transparencia, integridad y sostenibilidad, promoviendo condiciones de igualdad y libre competencia con el sector privado, en la medida en que se reconoce que las empresas públicas deben administrar el potencial riesgo de interferencia política indebida en su administración, así como la falta de mecanismos adecuados de supervisión estratégica.
En consecuencia, a través de las Directrices la OCDE ha identificado las mejores prácticas que buscan asegurar que el Estado actúe como un propietario informado y activo, y sugiere diversos mecanismos a ser adoptados por cada jurisdicción o las empresas públicas mismas, dentro de los cuales se encuentran la formulación de políticas públicas, el diseño de legislación relevante, acuerdos de autorregulación, o reglamentaciones voluntarias.
Las Directrices de 2024
La nueva versión de 2024 actualiza las Directrices adoptadas originalmente por la OCDE en el 2005 y revisadas en 2025 e introduce elementos sustanciales para responder a los retos actuales de la sostenibilidad en las empresas, la transformación digital y la gestión de riesgos globales.
Adicionalmente, refuerza los lineamientos esenciales promovidos por la OCDE en materia de gobernanza corporativa de empresas públicas, como lo son la actuación profesional del Estado propietario, el trato equitativo de todos los accionistas, el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno, la transparencia y reglas de divulgación de información, la creación de valor a largo plazo, y la administración de riesgos de influencia indebida.
Entre los cambios más relevantes para la nueva versión se destacan:
- Integración de la sostenibilidad y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en la estrategia corporativa y la toma de decisiones de las empresas públicas, alineando su gestión con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.
- Reconocimiento del papel de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión empresarial, junto con la necesidad de adoptar marcos éticos y regulatorios adecuados.
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas a través de mayores exigencias en la divulgación de información financiera y no financiera, así como en la transparencia de los vínculos entre las empresas estatales y el Estado propietario.
- Refuerzo de los mecanismos de gobernanza interna, con énfasis en la profesionalización, independencia y diversidad de las juntas directivas.
- Reconocimiento de la operatividad de las empresas públicas en sectores estratégicos para los países y las regiones, como energía, infraestructura o minerales críticos, por lo cual su gobernanza debe ser diseñada en función de los riesgos globales, como el cambio climático, la transición energética, y la digitalización.
Relevancia para América Latina
En cumplimiento de su continuo compromiso con la promoción de mejores prácticas de gobernanza empresarial, y considerando su condición misma de empresa pública, el GEB considera que la disponibilidad de las Directrices en español es especialmente significativa para América Latina, región en la cual las empresas con participación pública desempeñan un papel estratégico en sectores como energía, transporte, infraestructura y servicios financieros. En consecuencia, la calidad de la gobernanza corporativa en las empresas estatales de América Latina tiene un impacto directo en la eficiencia del gasto público, la competitividad económica, la confianza de los mercados, y sobre todo, en la prestación de dichos servicios esenciales para la ciudadanía y en el desarrollo económico de los territorios en donde se tiene operación.
En esa medida, el acceso a la traducción oficial de las Directrices facilita la difusión, entendimiento y adopción de estándares comparables a nivel internacional, promueve la armonización normativa y fortalece las capacidades institucionales de los Estados como propietarios y de las empresas públicas de la región. Adicionalmente, genera un punto de referencia común para reguladores, inversionistas y organismos multilaterales interesados en la sostenibilidad y el desempeño del sector público empresarial de América Latina.
El GEB como referente regional en gobernanza corporativa
La participación del GEB en este proceso refleja su compromiso con el fortalecimiento de la gobernanza corporativa en América Latina y su contribución al diálogo internacional sobre sostenibilidad y transparencia. Como empresa multilatina con presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, el GEB ha consolidado un modelo de gobernanza que combina las mejores prácticas del sector privado con los principios de responsabilidad pública, integrando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la toma de decisiones.
Para el GEB apoyar la traducción de las Directrices de la OCDE es una forma de contribuir al fortalecimiento institucional de la región, ya que se considera que la buena gobernanza no es solo un requisito de transparencia, sino una herramienta de competitividad, confianza y sostenibilidad a largo plazo. Razón por la cual la publicación en español de las Directrices de 2024 constituye una oportunidad para avanzar hacia una gobernanza pública más moderna, profesional y alineada con los desafíos del desarrollo sostenible.
La experiencia del GEB demuestra que las empresas con participación estatal pueden ser referentes de eficiencia, integridad y sostenibilidad, contribuyendo de manera decisiva a la competitividad y al desarrollo de las sociedades latinoamericanas.
