En el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), celebrado en Cartagena (Colombia), la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, señaló que el Gobierno De La Espriella derogó los distritos mineros en los cuales no había acciones del sector en dichos territorios.
“Nuestros mineros estuvieron en la derogación, en una sola resolución, de la limitación de los distritos mineros especiales”, dijo la funcionaria.
Además, dijo que esta decisión no afecta los derechos mineros, al indicar que había distritos en los que no se podía hacer explotación.
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“Esto se usó para sustituir la minería, fueron mal diseñados. De esta manera se frenó la inversión y la exploración, lo que fue un golpe a la pequeña minería y a la formalización”, agregó.
Sobre los trámites, indicó que debe haber agilidad y que el Gobierno tiene afán, manifestando con acciones su voluntad de respaldar al sector.
Arboleda declaró en el Congreso de la ACM que la minería en Colombia está “frenada”. Las cifras de la entidad son que las exportaciones mineras en 2025 disminuyeron 21 % frente a 2022, pasando de US$20.387 millones a US$16.060 millones.
Adicionó que $43,66 billones fue el monto que el sector le aportó el Estado entre 2022 y 2024 en impuestos, regalías y otras contribuciones, y que 34 % fue la caída de las regalías entre 2022 a 2025, pasando de $6,13 billones a $4,02 billones. Mientras que la inversión extranjera directa en el sector cayó 88 %, pasando de US$1.508 millones a US$178 millones.
“El carbón sigue siendo relevante en el mercado y, realmente, no contar con este recurso representa una debilidad. La soberanía energética es un propósito de este gobierno, que no nos tengamos que seguir preocupando porque llegó un niño, llevamos muchos años en esto y aprendido demasiado. No podemos perder la que nos hemos trazado”, expresó.
Mientras que Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, afirmó que entre 2023 y 2026 hubo una caída mayor del PIB minero en comparación con la disminución que tuvo el sector durante la pandemia. Para 2026, las cifras de la ACM revelaron que, en valores constantes, el PIB minero llegó a $10,3 billones.
Agregó que, en materia de inversión extranjera directa en el sector, 2025 registró uno de sus niveles más bajos, al ubicarse en US$178 millones, mientras que en 2024 fue de US$132 millones y en 2023 superó US$3.442 millones.
Para Nariño, lo que se necesita para romper la dinámica que llevan las cifras de la minería es tomar decisiones en materia de política pública y reconocer que Colombia “sea un país minero”.
También se necesita seguridad en los territorios, así como un restablecimiento del ordenamiento jurídico. Nariño hizo mención de que se deben eliminar sobrecostos ocultos en la liquidación de regalías, impuestos a los explosivos, devolución del IVA y autorretenciones en la fuente, expresando que Colombia debe tener un sistema fiscal competitivo.
“Hoy se siguen liquidando las regalías del carbón con los índices de precios de los mercados a los cuales no exportamos ese mineral. Colombia es el único país en el mundo que tiene un impuesto a los explosivos y que este se va cerca de 20 %”, expresó.
Santiago Cárdenas, country manager de Mineros y presidente del Consejo Directivo de la ACM, afirmó: «nuestro sector es avanzado de la estabilidad económica que le da seguridad a nuestro país. Las empresas que están en Colombia no piden privilegios, piden que las reglas bajo las cuales invirtieron se mantengan. Dentro de esas apreciaciones, el carbón merece una mención especial. El carbón térmico y metalúrgico sigue siendo un eje económico fundamental para las finanzas públicas de La Guajira, Cesar, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Colombia”.
Para él, el carbón no es un enemigo de la transición energética, sino que puede ser una fuente de empleo y de recursos con la finalidad de poder realizar iniciativas sostenibles.
Cárdenas también hizo mención de que la compañía Cerro Matoso, productora de ferroníquel, redujo en 50 % su operación a causa de la restricción del suministro de gas por parte de su proveedor, Canacol, poniendo en riesgo 500 empleos y contratistas. También señaló que esto no es un problema solo de la empresa y del sector, sino del país.
“En Colombia tenemos un potencial geológico inmenso, múltiples materiales. Extraemos oro, carbón, esmeraldas y ahora demandamos altas cotas de cobre, níquel y otros minerales para sostener los requerimientos de la transición energética global. Tenemos proyectos industriales que están a punto de desarrollarse, algunos listos para iniciar sus fases de construcción, iniciativas clave como el proyecto Gramalote en San Roque, Antioquia, o El Alacrán en Córdoba, que marcan una ruta clara para la producción de oro y cobre”, expresó.
También hizo alusión a proyectos como Soto Norte, en Santander, y el de Jericó, en Antioquia, señalando que la protección del medio ambiente no «riñe» con la explotación minera. Incluso hizo mención de proyectos en exploración de minería basada en exploración en Chocó y Putumayo, que son proyectos de oro y tungsteno.
Cárdenas destacó el potencial geológico de Colombia, que todavía no está explorado, y señaló que en el mercado se están demandando minerales críticos para la energía renovable y la sostenibilidad, lo que requiere cobre, níquel y tungsteno. Por lo tanto, señaló que debe capitalizarse la riqueza geológica del país. Incluso señaló que en Perú y Chile hay iniciativas mineras de gran alcance.
“Además, podríamos encadenarlos con otras actividades industriales y de transformación real y generar nuevas industrias. Debemos recuperar la confianza con la inversión, las reglas claras, estables y de largo plazo”, afirmó.
Para el directivo de Mineros, la estabilidad jurídica no significa que se aprueben los proyectos, sino que una entidad tome decisiones sobre si avanza con una iniciativa o no, pero con base en lineamientos técnicos.
