El Gobierno de Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el denominado ‘Libro de la Verdad’, un informe que reúne 82 casos identificados durante el proceso de empalme y que, según el Ejecutivo, evidenciarían posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien lideró el proceso de empalme, el informe fue construido durante dos meses con la participación de 1.256 voluntarios, equipos técnicos y un equipo élite anticorrupción. El Gobierno aseguró que cada cifra y afirmación incluida cuenta con trazabilidad y que la información fue sometida a procesos de contraste independiente.
Restrepo explicó que los 82 casos no serían hechos aislados, sino que, según el análisis del equipo de empalme, responderían a nueve patrones de comportamiento identificados en 22 sectores críticos.
Entre ellos están la destrucción del rigor técnico, el colapso de la capacidad tecnológica, la opacidad y distorsión de la información pública, la parálisis operativa, la captura contractual y concentración del poder operativo, la expansión del riesgo litigioso, la pérdida del control operativo, la fragmentación del Estado y el fracaso de la conducción estratégica, además de una capacidad fiscal restringida y lo que el Gobierno calificó como irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
El vicepresidente presentó cinco casos como ejemplos de esos patrones. Uno de ellos está relacionado con el manejo de la deuda pública, donde cuestionó decisiones sobre la emisión de títulos y la concentración de vencimientos.
También mencionó el caso de Santurbán, la contratación de una empresa temporal por parte de una entidad de política social, el supuesto agotamiento del presupuesto de Colombia Mayor antes de finalizar 2026 y contratos de la Cancillería que, según el informe, habrían reducido requisitos para representar al país en el exterior.
Restrepo aseguró que estos cinco casos son apenas una muestra de los más de 80 incluidos en el documento y señaló que el equipo de empalme ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias a las autoridades competentes.
UNGRD, reforma agraria y contratos bajo la lupa
Por su parte, el director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, presentó algunos de los casos que consideró de mayor relevancia por su impacto económico y social.
Entre ellos mencionó un proceso de contratación para una planta desalinizadora en Santa Marta, que comprometía cerca de $786.000 millones; una convocatoria relacionada con proyectos de ciencia, tecnología e innovación por aproximadamente $900.000 millones; y un proceso de adquisición de predios para la reforma agraria que involucraba cerca de $1 billón.
También señaló presuntas irregularidades en los llamados Caminos Comunitarios para la Paz, con recursos por más de $612.000 millones, y un proceso de contratación de servicios de ciberseguridad cuyo valor estimado ascendía a $300.000 millones. Según Calderón, varios de estos procesos fueron suspendidos luego de solicitudes de intervención ante la Procuraduría.
Uno de los puntos centrales fue la situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El informe señala que la entidad habría ejecutado apenas el 4,3 % de su presupuesto durante los cuatro años del gobierno anterior, mientras que se habrían girado $856.000 millones sin urgencia y se habría perdido el rastro de $1,38 billones.
El señalamiento cobra especial relevancia debido a que la UNGRD es actualmente una de las entidades encargadas de atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Fiscalía anuncia equipo especial para revisar el informe
Tras recibir el documento, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que la información será sometida a valoración técnica y jurídica y que los fiscales competentes deberán verificar los elementos aportados y contrastarlos con las pruebas que sean recaudadas legalmente.
La fiscal confirmó además que conformará un equipo especial para abordar los asuntos trasladados por el Gobierno, bajo la coordinación de la jefa de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y la directora especializada contra la corrupción.
Camargo enfatizó que las investigaciones deberán adelantarse bajo criterios de rigor probatorio, objetividad, independencia, presunción de inocencia y debido proceso, y aseguró que no habrá consideraciones políticas en el análisis de la información entregada.
