El blockchain dejó de ser una tecnología asociada exclusivamente con Bitcoin y los criptoactivos. Su capacidad para registrar información, hacer seguimiento a activos y ejecutar determinadas operaciones mediante reglas programadas ha ampliado el debate hacia sectores como las finanzas, la gestión de activos y los procesos empresariales.
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Ese escenario también abre una pregunta para Colombia: ¿cómo puede el Estado aprovechar blockchain para hacer más transparentes sus procesos y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades para ciudadanos y empresas?
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El interrogante llega justo al comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Mientras Asoblockchain Colombia propone utilizar esta tecnología para fortalecer la contratación pública, expertos consultados por Valora Analitik advierten que el potencial puede ser mucho mayor y que el país tendrá que decidir cómo regularla sin cerrar la puerta a sus posibles beneficios.
René Valbuena Cure, experto en regulación financiera y activos digitales y autor de El Leviatán frente al Blockchain, considera que el debate no debería reducirse a decidir qué criptomoneda puede comprar una persona: “Más que recomendar un activo específico es la tecnología en sí misma, porque ese es tanto el riesgo como la virtud de esto. (…) El impacto de esa moneda dependerá del protocolo, que son esas reglas, y de quién la está respaldando.”
René Valbuena Cure, experto en regulación financiera y activos digitales y autor de El Leviatán frente al Blockchain
La diferencia es importante. Blockchain puede funcionar como una infraestructura sobre la cual se desarrollen diferentes soluciones. IBM explica que se trata de un registro digital compartido en el que la información se organiza en bloques conectados entre sí, con mecanismos que permiten validar las transacciones y dificultar su alteración posterior.
En términos sencillos, esto significa que varias partes pueden compartir un mismo registro de información y tener trazabilidad sobre lo que ocurrió, cuándo ocurrió y qué cambios se hicieron. Esa característica es precisamente una de las razones por las que la tecnología puede resultar atractiva para procesos en los que participan múltiples actores. Y ahí aparece una de las oportunidades para el Estado colombiano.
¿Qué podría hacer blockchain por el Gobierno De la Espriella?
Una de las posibilidades está en utilizar la tecnología para mejorar la trazabilidad de información pública. En el caso de los contratos, por ejemplo, podría quedar registrada la historia de documentos, modificaciones, responsables y fechas, haciendo más fácil identificar cuándo ocurrió un cambio.
Pero el potencial que identifica Valbuena va más allá de la contratación. El experto considera que blockchain también podría convertirse en una herramienta para ampliar el acceso a determinadas alternativas financieras, especialmente mediante la tokenización de activos.
Para explicarlo, utiliza un ejemplo cercano al ciudadano: un productor rural que posee activos, pero que tiene dificultades para convertirlos en una garantía que le permita acceder a financiación: “Un campesino en un pueblo en el Cesar que te diga que yo tengo tres vaquitas, las tengo tokenizadas, las puse como colateral y con eso la finca está creciendo”, explicó.
La idea detrás del ejemplo es que un activo físico pueda tener una representación digital y utilizarse dentro de nuevos esquemas financieros. Para Valbuena, esto podría abrir posibilidades que hoy no están disponibles para personas con dificultades para acceder al sistema financiero tradicional: “Eso es gracias al blockchain, no a un activo puntual, sino a la plataforma general que nos da acceso a todas estas alternativas”, señaló.
Es decir, el interés para Colombia no estaría solamente en las criptomonedas. También estaría en las aplicaciones que pueden construirse utilizando la infraestructura de blockchain.
El reto para Colombia: aprovechar la tecnología sin aumentar las brechas
Sin embargo, que una tecnología permita nuevas posibilidades no significa que todos puedan aprovecharlas inmediatamente. Valbuena identifica dos barreras que Colombia tendría que enfrentar: una regulatoria y otra relacionada con el conocimiento que tienen ciudadanos e instituciones sobre estas herramientas.
La segunda brecha puede ser especialmente relevante para el Estado. Si ciudadanos y funcionarios no comprenden cómo funcionan estas herramientas, pueden terminar utilizándolas de manera incorrecta o simplemente quedarse por fuera de las oportunidades que ofrecen.
Por eso, el experto considera que la formación será una parte fundamental del proceso. Su advertencia no se refiere únicamente a quienes quieran invertir en criptoactivos. También apunta a la necesidad de entender los riesgos antes de utilizar una tecnología o participar en una operación.
“Si tú me dices, mira, tú como experto me recomiendas buscar cripto, yo te recomiendo que primero te preguntes si cripto es para ti, la conoces muy bien y si las soluciones alternativas que te ofrecen se acomodan a tus intereses, necesidades y posibilidades”, explicó.
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Para el Estado, esa misma lógica significa que implementar blockchain no debería convertirse en un objetivo por sí mismo. Primero tendría que determinarse qué problema se quiere resolver y si la tecnología realmente ofrece una ventaja.
La propuesta que ya está sobre la mesa: llevar blockchain a la contratación pública
Una aplicación concreta sí está planteada. Asoblockchain propuso al Gobierno una ruta de 100 días para comenzar a utilizar blockchain en la contratación estatal. La meta sería definir antes del 15 de noviembre cómo aplicar la tecnología y tener una primera prueba funcionando antes del 31 de diciembre.
El tamaño del sistema explica la relevancia de la propuesta. Según cifras de Asoblockchain, durante 2025 el 89,7 % de las contrataciones y compras públicas se gestionó mediante SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Esas operaciones sumaron $174,8 billones. Esta cifra corresponde a lo tramitado durante ese año y no significa que todo ese dinero presente irregularidades.
El gremio plantea cinco decisiones: respaldar la iniciativa ‘Blockchain 2030’, discutirla con los sectores interesados, entregar el liderazgo al Ministerio TIC, crear un comité técnico que seleccione una red existente y escoger el primer caso de uso.
La propuesta es que el primer piloto pueda aplicarse a contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE), por el impacto que tienen sobre millones de estudiantes y por sus antecedentes de irregularidades. “La primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, también es política”, afirmó Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain.
La lógica sería utilizar blockchain para generar una huella digital de los documentos y de los cambios que se hagan durante la vida de un contrato. De acuerdo con el análisis, esa huella permitiría registrar cada documento, modificación, responsable y fecha, de modo que una alteración posterior pueda detectarse y comprobarse.
¿Eso significa que blockchain impediría la corrupción?
No necesariamente. Y esta es una de las precisiones más importantes de la propuesta. Suárez advierte que sería exagerado presentar blockchain como una tecnología que hace imposible cualquier modificación. Dependiendo de cómo se diseñe el sistema, pueden incorporarse correcciones y nuevas versiones.
Pero existe una limitación todavía más importante. “Hace casi imposible cambiar un dato después, pero no impide que alguien reporte desde el principio un avance que no existe”, explicó Suárez. En otras palabras, blockchain puede ayudar a proteger el registro de la información, pero no puede convertir automáticamente una mentira en un dato verdadero.
Camilo Suarez, presidente Asoblockchain Colombia
Si una entidad registra que una obra fue terminada cuando en realidad no lo está, la tecnología puede conservar ese registro y hacer evidente si posteriormente alguien intenta modificarlo, pero no reemplaza la labor de verificar físicamente la obra.
Por eso, el análisis de Asoblockchain señala que comprobar las entregas, obras y servicios seguiría siendo responsabilidad de supervisores, entidades públicas y organismos de control.
El planteamiento aparece, además, en un momento en el que el Estado ya está utilizando tecnología para analizar la contratación pública. Asoblockchain destacó el caso de Helios, herramienta presentada por el Ministerio de Defensa el 6 de agosto y diseñada para procesar información de SECOP I y II e identificar patrones como oferentes únicos, adjudicaciones rápidas, concentración de contratos y modificaciones aparentemente injustificadas.
Durante 2025, Helios analizó 1.050.850 contratos de 4.056 entidades y 581.741 proveedores por cerca de $182,7 billones. El análisis aclara que este dato no debe sumarse ni compararse con los $174,8 billones mencionados anteriormente, porque corresponden a universos diferentes.
La posible combinación entre herramientas de análisis y sistemas que permitan una trazabilidad más robusta abre así una discusión sobre cómo podría evolucionar la vigilancia de los recursos públicos.
La propuesta, sin embargo, todavía tiene varios interrogantes. Asoblockchain no ha calculado cuánto costaría integrar blockchain con SECOP, operar la red, auditar su seguridad y prestar soporte. Antes del piloto también tendrían que definirse el presupuesto, los responsables y las reglas para corregir errores.
Otro punto será definir qué red se utilizaría. El análisis plantea que deberían publicarse los criterios de selección, evitar la dependencia de un único proveedor y garantizar que el sistema pueda continuar funcionando si cambia el operador tecnológico.
La otra gran decisión: cómo regular blockchain
La contratación pública podría ser uno de los primeros campos de aplicación, pero el debate regulatorio determinará hasta dónde puede llegar la tecnología en Colombia. Para Valbuena, el primer paso debería ser establecer con claridad qué son jurídicamente los productos relacionados con blockchain. “Primero, pongámonos de acuerdo. ¿Qué son estos productos del blockchain? ¿Son productos financieros o no lo son, son dinero o no lo son?”, planteó.
La importancia de esa definición no es meramente académica. El experto considera que mientras no exista claridad jurídica, también existen dificultades para determinar qué reglas deben aplicarse y qué protección tiene una persona que utiliza estos productos.
Su propuesta es que Colombia construya un marco que permita identificar qué es un criptoactivo y, a partir de allí, desarrollar políticas públicas. Para Valbuena, el país debería evitar tanto una prohibición general como un escenario en el que el mercado avance sin reglas.
“Yo creo que el único escenario peor a la prohibición que generaría este mercado negro del que te hablé ahorita es la desregulación absoluta”, advirtió. El punto medio, según su planteamiento, sería crear reglas que permitan aprovechar la tecnología y al mismo tiempo proteger a quienes la utilizan.
¿Qué tendría que hacer el Gobierno De la Espriella frente al blockchain y criptoactivos?
Valbuena plantea tres prioridades para Colombia. La primera es definir jurídicamente qué son los productos y activos relacionados con blockchain. La segunda es construir políticas públicas a partir de esas definiciones. Y la tercera es incorporar a actores que ya cuentan con regulación y experiencia institucional al desarrollo del mercado.
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“Yo prefiero como ciudadano que si le voy a comprar bitcoin a alguien, que sea a una entidad que ya posee unas normas y unas instituciones con una gran trayectoria”, afirmó. Para el experto, el objetivo no debería ser eliminar al Estado frente a la aparición de nuevas redes y tecnologías, sino obligarlo a adaptarse. “No es un llamado a la desaparición del Estado, ni mucho menos; es un llamado al Estado a reformularse”, concluyó.
