La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió un nuevo concepto técnico complementario en el marco del trámite de integración empresarial entre TIGO-UNE (Colombia Móvil) y Movistar (Telefónica Colombia).
La entidad recordó que este proceso se encuentra en evaluación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que es la autoridad con la competencia exclusiva para autorizar o rechazar la operación.
La CRC analizó los condicionamientos propuestos por terceros (operadores, entidades del sector y competidores), así como el documento económico allegado por las empresas intervinientes ante la SIC y otras observaciones recibidas en el proceso de integración.
Con este análisis, la CRC aporta una visión integral que busca anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la solidez de la decisión que deba adoptar la autoridad de competencia.
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Principales conclusiones sobre la integración Tigo-Movistar
La Comisión de Regulación de Comunicaciones reiteró la necesidad de ofrecer una atención especial en tres mercados sensibles, como son el acceso y la originación móvil, los servicios móviles y el internet fijo residencial.
Además advirtió sobre posibles efectos coordinados entre la sociedad resultante de la eventual integración y Comcel (Claro), “que podrían impactar precios y el bienestar de los consumidores”.
La entidad dijo que examinó “con rigor las propuestas de terceros, destacando cuáles podrían ser viables, cuáles requieren mayor estudio y cuáles resultarían inconvenientes o contrarias a la ley y a la regulación vigente”.
Se enfatiza en que cualquier medida que eventualmente adopte la SIC debe evitar desequilibrios competitivos y garantizar la pluralidad de agentes en el mercado.
De paso, la CRC indicó que el análisis resalta que este enfoque “está alineado con las mejores prácticas internacionales de política de competencia y regulación de telecomunicaciones, lo que refuerza la pertinencia y solidez del acompañamiento que se brinda a la SIC”.
Claudia Ximena Bustamante, comisionada y directora Ejecutiva de la CRC, afirmó que su análisis independiente “aporta evidencia y criterios regulatorios para anticipar riesgos, señalar oportunidades y garantizar que cualquier decisión preserve entornos competitivos en beneficio de los usuarios”.
