Juan David Riveros, abogado principal de Keralty, grupo propietario de la EPS Sanitas, se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la intervención forzosa ordenada por la Superintendencia de Salud.
El alto tribunal consideró que se vulneró el derecho al debido proceso de la entidad, al no garantizarle adecuadamente su defensa ni su participación en el procedimiento administrativo.
Riveros calificó la decisión “ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”. Según el abogado, esta medida del Estado no solo afectó gravemente a la EPS, sino que también generó caos entre los usuarios y desmoralización en el personal médico y asistencial.
“Lo que queda claro es que la estrategia dirigida a debilitar el sistema de salud y generar caos en los usuarios logró su cometido. Hoy, tras meses de profunda angustia, miramos con optimismo hacia el futuro”, expresó Riveros.
¿Qué sigues para la EPS Sanitas?
Si bien valoró positivamente el fallo de la Corte, advirtió que este es apenas un punto de partida. Señaló que la falta de autoridad efectiva ha agravado la crisis financiera de las EPS y que aún se deben evaluar los daños causados por la intervención para diseñar un plan de choque que permita recuperar la operatividad de Sanitas.
Riveros aseguró que el grupo Keralty no actuará con ánimo de venganza, pero sí espera que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades individuales de quienes tomaron las decisiones que, según dijo, llevaron al “desastre”.
También manifestó que la empresa siempre ha estado dispuesta al diálogo, pero que el Gobierno “intentó excluirlos del debate e incluso silenciarlos”. Pese a ello, reiteró que seguirán comprometidos con el sistema de salud y con la prestación de servicios a los usuarios.
Sobre el estado actual de la EPS, indicó que aún no han recibido la sentencia completa de la Corte, por lo que esperan hacerlo en los próximos días para poder recuperar formalmente el control de la entidad. Estiman que el proceso podría tomar entre 10 y 15 días, una vez se ejecuten las órdenes del alto tribunal.
Finalmente, Riveros advirtió que, con base en información pública, los niveles de tutelas y PQR contra la EPS se han incrementado significativamente durante la intervención.
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