La Fiscalía solicitó a un juzgado de Bogotá que ordene a EPM adelantar planes de prevención y recuperación del medio ambiente tras la emergencia en el proyecto Hidroituango, bajo dos medidas cautelares para mitigar la crisis en esta obra, señaló la entidad.
De este modo, también se ordenó la instalación de una mesa técnica en la que participen entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, Contraloría General, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Anla, EPM y la Sociedad Hidroituango.
Esta mesa deberá conformarse en un plazo máximo de cinco días, en pro de que se lleven a cabo acciones que permitan tener un estudio técnico sobre la emergencia ambiental y la estabilidad del proyecto de generación eléctrica.
Sobre esta situación, EPM respondió que “la empresa respeta las decisiones del juez, las cuales no se refieren puntualmente a las solicitudes formuladas por la Fiscalía General de la Nación al desestimarlas por el avance que sobre estas ha tenido la organización, sino a la conformación de una mesa técnica integrada (…) para estudiar aspectos como la estabilidad del proyecto y del macizo rocoso”.
Agregó la compañía que “de acuerdo con la ley colombiana, EPM interpuso de forma inmediata los recursos en relación con la decisión del juez, toda vez que desde que se presentó la contingencia se han realizado cuatro actualizaciones del estudio del macizo rocoso”.
Previo a esta noticia, se conoció que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango presentó a EPM una comunicación mediante la cual pretende la aplicación de una cláusula penal de apremio por valor de $27.138 millones, por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones del contrato Boomt.
“EPM está analizando la comunicación mencionada y dará respuesta oportunamente, toda vez que no se han agotado los procedimientos previstos en el contrato que permitan definir la viabilidad de la aplicación de la cláusula mencionada”, especificó la compañía.
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