Una nueva normativa en Colombia, sancionada por el presidente Gustavo Petro, introduce un cambio significativo en la prestación de los servicios públicos. Se trata de la Ley 2485 de 2025, que establece nuevas reglas para la regulación de los cobros por reconexión en los servicios públicos domiciliarios.
Con esta ley, se modifica el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, que anteriormente permitía a los proveedores fijar libremente las tarifas de reconexión, salvo en casos donde existieran fallas en el mercado o competencia insuficiente. La nueva disposición otorga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de definir el valor máximo que las empresas podrán cobrar por la reconexión de servicios suspendidos.
Esta medida implica la suspensión de la libertad tarifaria en este aspecto y busca evitar cobros desproporcionados por parte de las compañías prestadoras. De esta forma, el Estado asume un papel más activo en la protección de los usuarios, promoviendo un equilibrio entre la sostenibilidad de los operadores y el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios básicos a precios justos.
¿Cuánto cuestan los valores de reconexión de servicios públicos?
Los costos de reconexión varían según el tipo de servicio y la ciudad. En Bogotá, por ejemplo, el restablecimiento del servicio de agua puede alcanzar los $50.000, mientras que la reconexión de energía eléctrica puede superar los $70.000. En el caso del gas domiciliario, los valores son similares e incluso pueden exceder el monto del consumo mensual del usuario.
En el sector de las telecomunicaciones, que comprende telefonía, televisión e internet, las diferencias tarifarias son aún más marcadas. Las reconexiones oscilan entre $20.000 y más de $70.000, dependiendo del plan contratado, la empresa prestadora y el estrato socioeconómico del usuario. Esta disparidad ha generado reclamos por parte de consumidores que consideran excesivos los costos frente al valor del servicio.
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Con la entrada en vigor de la Ley 2485, la CRC deberá fijar topes tarifarios obligatorios, con el fin de impedir cobros abusivos y garantizar una proporcionalidad razonable entre el costo del servicio y el de su restablecimiento. Esta regulación busca transparentar las tarifas y brindar mayor certeza a los usuarios sobre lo que pueden esperar pagar en caso de suspensión y posterior reconexión.
La norma también reconoce la situación económica de los hogares del país. En muchos casos, los retrasos en el pago de los servicios públicos no obedecen a una falta de compromiso, sino a dificultades financieras temporales. Los cobros por reconexión, al ser elevados, terminan afectando la capacidad de las familias para ponerse al día con sus obligaciones.
Al establecer un límite máximo a estos valores, el Gobierno busca aliviar la carga económica de los usuarios y fomentar la continuidad en el acceso a servicios esenciales. La intención es que el acceso a las telecomunicaciones y demás servicios públicos no sea un privilegio condicionado al poder adquisitivo, sino un derecho garantizado por la ley.
