La Concesionaria Nueva Vía al Mar (filial de Corficolombiana), a cargo de la ejecución del proyecto Mulaló – Loboguerrero, pidió reversar el contrato de esta iniciativa luego de dar a conocer que se cumplieron causales de fuerza mayor ambiental.
Dentro de su comunicación, el concesionario destactó además que la resolución sobre la licencia ambiental del proyecto “no está en firme”, como lo dijo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la semana pasada.
Lo anterior, por cuanto se encuentra en proceso de notificación a las partes y terceros intervinientes del trámite ambiental, y porque contra la misma, “proceden recursos para que se modifique, revoque, adicione o aclare la referida decisión”.
Y recuerda el concesionario que el pasado primero de julio, un panel de expertos, convocado por el concesionario, dirimió la controversia que, respecto de la configuración de una Fuerza Mayor Ambiental y de un Evento Eximente de Responsabilidad, existía entre Covimar y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), “otorgándole la razón al Concesionario; siendo reconocida por segunda vez una Fuerza Mayor Ambiental que se encuentra configurada desde el 19 de octubre de 2019”.
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De esta manera, el contrato de concesión se encuentra en causal de terminación anticipada, de hecho, el pasado ocho de julio de 2021 se le solicitó a la ANI el inicio de la etapa de reversión del contrato.
“Teniendo en cuenta que la ANI no se pronunció sobre el particular, el Concesionario instauró demanda ante Tribunal de Arbitramento, el pasado 12 de agosto de 2021, con el objetivo de que sea declarada la terminación del contrato de concesión y se proceda a la reversión y liquidación del mismo”, dijo la concesionaria.
Y, en el marco de la terminación anticipada del contrato de concesión, la concesionaria también le ha pedido a la ANI “asumir la titularidad del trámite ambiental para que pueda continuar adelantando las gestiones que considere pertinentes”.
Este proyecto vial comprende una extensión de 31,8 kilómetros que se encuentran en la cordillera occidental colombiana en el departamento del Valle del Cauca. El plan contempla una inversión cercana a los $1,4 billones, según la ANI.
Fuentes de la concesionaria le explicaron a Valora Analitik que dentro del contrato está estipulado que la ANI deberá devolverle todos los recursos que haya invertido a la fecha, sumando la tasa de inflación del periodo del proyecto y una tasa de interés por el trabajo ya realizado que, básicamente, consiste en la gestión ambiental, la gestión predial y de estudios para su desarrollo.
El monto que se ha invertido, dijeron las fuentes, asciende a $290 mil millones que deberían retornar a las cuentas de Covimar -junto con la inflación y la tasa de interés que diga el contrato- cuando se resuelva la reversión del contrato.
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