El Gobierno Nacional extendería hasta el 31 de julio de 2027 el periodo de transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que buscaría convertirse en el instrumento para focalizar los subsidios y programas sociales del Estado.
Según un proyecto de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se modificaría el cronograma definido previamente y se mantendría durante el periodo de transición el uso de la información del Sisbén.
La decisión se produciría después de que la implementación del RUI hubiera generado un fuerte aumento en las reclamaciones ciudadanas. De acuerdo con el documento, durante agosto de 2026 se habrían recibido más de 112.000 peticiones relacionadas con la nueva clasificación socioeconómica asignada.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La cifra contrastaría con las 42.407 peticiones registradas en todo 2024, las 11.213 de 2025 y las 11.756 contabilizadas hasta julio de 2026. El DNP señalaría que el volumen registrado en agosto representaría un incremento cercano a 10 veces frente a lo recibido durante todo 2025.
RUI tendría un año adicional de transición
El RUI fue creado por el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023 como una herramienta para determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. La meta del Gobierno sería que este registro sustituyera al Sisbén como instrumento único de focalización.
El cronograma vigente estableció que las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas comenzarían a utilizar el RUI como único instrumento de focalización desde el 1 de agosto de 2026.
Además, se fijó el 31 de octubre de 2026 como fecha límite para completar la transición de los beneficiarios identificados mediante el Sisbén.
Con el nuevo proyecto, ese plazo se extendería hasta el 31 de julio de 2027. Durante todo este periodo, las entidades podrían continuar utilizando la información del Sisbén para determinar el acceso a la oferta social.
El decreto también establecería que cada entidad responsable de programas sociales debería definir y publicar un esquema de transición, con cronograma, actividades operativas y mecanismos de atención a los ciudadanos. Además, tendría que implementar estrategias de divulgación y pedagogía sobre los cambios derivados de la migración al RUI.
El Gobierno también justificó la ampliación por las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó.
Según el proyecto, con corte al 28 de agosto se habrían registrado afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, con pérdidas de vidas, daños en viviendas e infraestructura y alteraciones en la movilidad y en la capacidad operativa de las administraciones territoriales.
Otro cambio sería que la Ventanilla Social, herramienta creada para articular territorialmente la gestión del RUI, no sería de uso obligatorio durante la transición. Los ciudadanos podrían continuar utilizando los canales de consulta del Sisbén.
—
