La entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales abrió un nuevo capítulo para el mercado laboral colombiano. Desde el 15 de julio, las empresas deben operar con una semana de trabajo más corta, sin reducir el salario de sus empleados, en medio de un escenario que plantea un desafío adicional: Colombia registra la productividad por hora más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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El dato fue analizado por el programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que advierte que el recorte de la jornada representa una prueba inédita para las organizaciones, al exigir que mantengan sus resultados con menos tiempo disponible en una economía donde 54,7 % de los ocupados se encuentra en la informalidad.
El reto para las empresas tras la reducción de la jornada laboral
La disminución de la jornada laboral hace parte de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que redujo el máximo semanal de 48 a 47 horas en 2023, a 46 en 2024, a 44 en 2025 y finalmente a 42 horas semanales desde julio de 2026.
En total, el recorte acumulado es del 12,5 %, sin que ello implique una reducción en la remuneración de los trabajadores cobijados por la norma.
Sin embargo, el estudio sostiene que el cambio llega en un momento complejo para la productividad del país. Según el Compendio de Indicadores de Productividad 2026 de la OCDE, Colombia genera apenas US$18,7 de producto interno bruto por cada hora trabajada, medido en dólares constantes de 2020 ajustados por paridad de poder adquisitivo. Se trata del nivel más bajo entre las economías comparadas por la organización.
Para dimensionar la diferencia, Estados Unidos alcanza US$84,1 por hora trabajada, cerca de 4,5 veces el nivel registrado por Colombia.
Para Giovanna Florián, directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, el indicador cambia el enfoque del debate sobre la reducción de la jornada laboral.
«El dato desmonta una idea muy instalada: Colombia no tiene un problema de falta de horas, sino de bajo valor producido durante esas horas», afirmó la académica.
A partir de esa realidad surge una pregunta que, según el análisis, será determinante para empresas y trabajadores en los próximos meses: si el país eliminó horas improductivas con la reducción de la jornada o simplemente concentró la misma carga laboral en menos tiempo.
El documento explica que, desde una perspectiva estrictamente matemática, una empresa que obtenía un determinado resultado en 48 horas necesitaría incrementar en 14,3 % el rendimiento por hora para alcanzar exactamente la misma producción en una jornada de 42 horas.
Aclara, sin embargo, que esa cifra no constituye una proyección económica ni una meta oficial de productividad para Colombia, sino el efecto aritmético de producir el mismo resultado en una semana laboral más corta.
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En ese contexto, procesos ineficientes, reuniones improductivas, trámites internos extensos o tareas susceptibles de automatización tendrán un mayor impacto sobre la productividad de las organizaciones.
Según Florián, si la reducción de la jornada elimina tiempos muertos y mejora la organización del trabajo, el desempeño podría fortalecerse. Pero si únicamente concentra las mismas responsabilidades en menos horas, las empresas podrían enfrentar un aumento en la presión sobre los trabajadores, más horas extra y nuevos cuellos de botella operativos.
El estudio también advierte que la implementación de la nueva jornada ocurre en un mercado laboral donde la informalidad continúa siendo uno de los principales retos.
De acuerdo con cifras del Dane, el 54,7 % de los ocupados se encontraba en condición de informalidad durante el trimestre marzo-mayo de 2026. En los centros poblados y las zonas rurales dispersas, esa proporción ascendía al 82,9 %.
Esto significa que millones de trabajadores desarrollan su actividad bajo esquemas distintos al empleo asalariado formal, lo que dificulta la aplicación uniforme de la reducción de la jornada laboral y plantea retos adicionales para las políticas de inspección y cumplimiento.
Para la directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, el cambio normativo no debe medirse únicamente por el número de horas trabajadas, sino por la capacidad de las empresas para generar mayor valor en ese tiempo.
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«Las 42 horas no son una política de productividad en sí mismas; son una presión para ser más productivos. El desafío ya no es cuánto tiempo permanece una persona en su puesto, sino cuánto valor logra producir durante ese tiempo», concluyó Florián.
