La polémica reforma a la salud que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia avanza con la entrega del borrador del proyecto que tiene el mandatario en revisión en la Casa de Nariño. Este incluye más de 280 artículos que hacen parte del documento.
De acuerdo con las fechas de la Comisión de Seguimiento a la reforma a la salud, esta sería radicada en cerca de 25 días, es decir, para la primera semana de febrero.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha dicho que el Gobierno aprovechará la convocatoria a sesiones extras en el Congreso para radicar la reforma a la salud este año.
“El borrador de la reforma ya se terminó. Se hizo la revisión pertinente y se le entregó el 5 de enero al presidente, quien la tiene ya en proceso de revisión propio”, explicó Ana María Soleibe, miembro de la Comisión de Seguimiento.
Entre los puntos más importantes destaca el papel de recibo y giro de dinero de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), el programa de la atención primaria y la red de servicios integrales e integrados.
En este sentido, el proyecto reitera la finalización del manejo de los recursos de la salud por entidades privadas pues “esa intermediación financiera y administrativa se acaba, porque lo que nos ha mostrado la historia es que este modelo fracasó”, dijo Soleibe.
“Lo que nos proponemos es un sistema de salud que le apueste a un modelo preventivo y predictivo y para eso también tiene una relevancia los determinantes sociales, porque sin estos las personas no van a poder tener un desarrollo sano y un estado de salud verdadero”, comentó la directiva.
Con la nueva reforma a la salud en Colombia, también se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, capacitación y formación, detalla el borrador.
Financiación, punto álgido del proyecto
La financiación del sector salud sería uno de los puntos clave la cual tendría cambios en el Sistema General de Participaciones y la forma en la administrarían esos recursos.
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Hay que recordar que las EPS liquidadas sumaron deudas por $27,6 billones y las que aún están en procesos de liquidación deben $4,5 billones con las clínicas y los hospitales que atendían a sus pacientes. Si se suman todas las obligaciones que quedan pendientes, ascienden a deudas por cerca de $33 billones.
También se pretende reformar la Superintendencia Nacional de Salud con mayores poderes para un control sancionatorio.
De esta manera, se buscaría una Supersalud descentralizada que cuente con una capacidad resolutiva para solucionar procesos en menos de 72 horas.
Otro punto destacado en el proyecto es la política farmacéutica y de evaluación de tecnologías que incluiría cambios relacionados con los procesos que lidera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
El documento fue realizado por organizaciones como la Federación Médica, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), la Academia de Medicina, Corporación Sur, Médicos Unidos, organizaciones de enfermeras, centrales obreras, organizaciones de pacientes y étnicas.
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