Desde la reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado propuesta por el presidente Gustavo Petro, los sectores privados han compartido su preocupación por los efectos que esta pueda tener en las empresas, principalmente en las pymes.

En ese sentido, Valora Analitik conversó con Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi). Durante la entrevista, Correa explicó que desde el gremio habían insistido para que la reforma se debatiera en el Congreso para mayores garantías en el proceso, sin embargo, el líder gremial considera que esto no sucedió. “Lamentablemente el trámite ha sido apresurado, sin el rigor técnico requerido y con escasa apertura a las propuestas del sector empresarial. El espacio fue más formal que sustancial. No se garantizó una participación efectiva, especialmente para las microempresas, que son el 95 % del tejido productivo”.

Adicionalmente, contó que hubo espacios de dialogo, pero estos se dieron de manera unilateral. “Presentamos una propuesta clara: un régimen diferencial para microempresas y una implementación progresiva de la reforma. Sin embargo, nuestras recomendaciones no fueron acogidas”.

Y, agregó: “Paradójicamente, quienes representamos a los mayores empleadores del país fuimos excluidos del diálogo directo”.

Con relación al tipo de contratación de los aprendices del SENA, manifestó que convertir ese modelo es una relación laboral formal generará desincentivo: “muchas empresas, sobre todo las pequeñas, dejarán de vincular aprendices por no poder asumir el nuevo costo”.

Destacado: Reforma laboral queda lista para sanción presidencial tras aprobación de su conciliación

Escaza inversión extranjera

Cabe resaltar que, en un comunicado publicado por Acopi, presentaron una estimación realizada en donde aseguran que, para una empresa que tenga 100 trabajadores, estas medidas representarían un sobrecosto aproximado de $157 millones anuales, equivalente a varios meses de nómina o a una fracción significativa de su utilidad neta.

Frente a esta situación, Correa respondió: “Lo que viene es preocupante. Cierre de empresas, pérdida de entre 500.000 y un millón de empleos, aumento de la informalidad y contracción de la contratación formal. A mediano plazo, esto fragmentará el tejido productivo, afectará la competitividad y ahuyentará la inversión, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, manufactura y servicios. Si no se corrige, estaremos hipotecando el futuro laboral de millones de colombianos”.

Con el tema de inversión extranjera, explicó que la incertidumbre jurídica y los costos laborales inflexibles desincentivan la alternativa. “Si no hay reglas claras y condiciones competitivas, Colombia dejará de ser atractiva frente a otros países de la región. La reforma no solo espanta capital, también destruye confianza”.

Destacado: Reforma laboral generaría caída en contratación de aprendices del SENA; aumentaría informalidad

Colombianos en la informalidad por “fuera del radar”

Por otra parte, el presidente de Acopi enfatizó en que la reforma fue construida con un enfoque político y no económico. “Busca responder a intereses electorales, no a realidades productivas. Los 13 millones de colombianos en la informalidad quedaron por fuera del radar de esta propuesta. La retórica es inclusiva, pero el resultado es excluyente. No hay incentivos para formalizar, solo cargas adicionales para quienes ya cumplen”.

Así las cosas, Correa destacó la gravedad de esa situación, pues según el gremio, entre el 57 % y el 65 % de la población se encuentra en situación de informalidad.

“La informalidad es dañina para la economía porque debilita el recaudo fiscal, restringe la productividad, precariza el empleo y perpetúa la desigualdad. También limita el acceso al crédito, impide la planificación financiera del Estado y erosiona la sostenibilidad del sistema pensional”. Y, agregó: “se legisla para el 25 % de trabajadores formales, mientras se ignora al 75 % restante”.

Por su parte, explicó que una reforma debe combinar derechos con sostenibilidad, en donde avancen mejores condiciones, pero de forma progresiva y según el tamaño de la empresa, sin dejar de incentivar la formalización.

Asimismo, resaltó que “sin empresa no hay empleo”, por lo que considera que lo viable es “lo que permite crecer, no lo que asfixia”.

“Por eso insistimos en que, si se mantiene esta reforma, debe venir acompañada de un plan de implementación escalonado, subsidios al empleo, incentivos tributarios y líneas de crédito especiales para evitar el colapso del aparato productivo”.

Para concluir, afirma que el Gobierno “ha insistido en avanzar unilateralmente”, mientras que el gremio se mantiene abierto a un diálogo. “Colombia necesita reformas, pero reformas posibles, concertadas, y pensadas en el bienestar colectivo, no en la conveniencia de unos pocos”.