El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional descartó la figura de inversiones forzosas a bancos como mecanismo para movilizar recursos del sector financiero hacia las zonas afectadas por la emergencia de inicio de año, luego de que las conversaciones con las entidades derivaran en un acuerdo voluntario de priorización crediticia.
«Hemos encontrado un camino distinto al de inversiones forzosas y es un acuerdo con el sector financiero para lograr esa intervención del aparato financiero en zonas afectadas», señaló el ministro.
Ávila explicó que tanto Asobancaria como directivos de bancos presentaron una propuesta de alivios que el Gobierno considera válida para una primera fase de atención inmediata, orientada a que familias y productores puedan seguir adelante con sus actividades en condiciones favorables.
Detalles de acuerdo que evita inversiones forzosas a bancos
El acuerdo, denominado Abrigo (Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades), cubre ocho departamentos declarados en emergencia: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
En materia de alivios inmediatos, la propuesta bancaria contempla un periodo de gracia de hasta 12 meses durante el cual no se causarán intereses, se conservará la calificación crediticia de los deudores, no habrá reporte negativo en centrales de riesgo, no se ejecutarán garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG) ni del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y se suspenderán los cobros ejecutivos y prejurídicos.
Además, confirmaron las partes que se implementará un modelo de atención prioritaria acompañado de una campaña de educación financiera.
Ahora bien, Ávila también indicó que el acuerdo que evita inversiones forzosas a bancos incluye una segunda fase de reactivación económica.
Para esta, el Gobierno emitirá nuevos decretos antes de que venza la vigencia de la emergencia económica, con el fin de garantizar condiciones crediticias favorables. A la vez, se trabajará con Asobancaria para que exista en las zonas afectadas un volumen suficiente de créditos disponibles para proyectos productivos.
Ávila también anunció una medida específica para créditos de pequeñas cuantías respaldados por el Fondo Nacional de Garantías (FNG): la cobertura de esas garantías subirá hasta el 90%, y los créditos que cuenten con ese respaldo no podrán tener tasas superiores al IBR más seis puntos porcentuales.
«Esto para asegurar que no se utilizan las altas tasas que hoy se manejan para estos créditos de pequeñas cuantías y para unidades productivas de pequeño tamaño», precisó el funcionario.
Para la fase de reactivación, la meta del acuerdo es colocar 2,1 millones de créditos en el primer año contado desde la firma, lo que representa un incremento del 15 % frente a 2025 y equivale a 270.000 operaciones adicionales por un valor de referencia de $5,2 billones.
Los sectores productivo, vivienda, comercial, industria, agropecuario y turismo tienen metas diferenciadas de crecimiento, que van desde el 10% en consumo hasta el 25% en el sector agropecuario.
Como incentivos públicos, el Gobierno aportará una línea de garantía del FNG con mayor cobertura —condicionada a reducción de tasas de interés— con un mínimo de 210.000 operaciones, una línea de redescuento de Bancóldex por 150.000 operaciones, y un listado de proyectos asociativos priorizados por la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras.
Consulte a continuación el acuerdo completo:
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