El sector de la seguridad privada en Colombia enfrenta desafíos derivados del incremento del salario mínimo del 23 % para 2026, los cambios en la jornada laboral y el aumento de los costos asociados a la prestación del servicio. A estos factores se suman la incorporación de nuevas tecnologías, las dificultades de seguridad en conjuntos residenciales y la necesidad de actualizar la regulación que rige esta actividad.
En entrevista con Valora Analitik, Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, explicó cómo estos cambios han incidido en las tarifas de vigilancia, las decisiones de los usuarios y la operación de las empresas. También se refirió a los riesgos de sustituir completamente al personal por cámaras y sistemas tecnológicos, la contratación de servicios ilegales y la posibilidad de fortalecer la cooperación entre la seguridad privada y las autoridades.
El salario mínimo y los costos de la vigilancia privada
El incremento del salario mínimo tiene un efecto directo sobre la seguridad privada, debido a que las tarifas del servicio están reguladas y se encuentran indexadas a este indicador. Por tanto, las empresas no pueden establecer libremente los precios que cobran a sus clientes, sino que deben ajustarse a las disposiciones vigentes.
Según Garavito, el impacto no se limita al aumento salarial. También intervienen los cambios en la jornada laboral y las modificaciones en la remuneración de las horas extras, dominicales, festivas y nocturnas.
Durante los últimos años se han implementado medidas que han modificado los costos de operación. La jornada laboral, que anteriormente era de 48 horas semanales, se redujo progresivamente hasta llegar a 42 horas. A esto se sumaron los ajustes en la forma de remunerar determinados recargos laborales.
La combinación de estos factores y el incremento del salario mínimo generó, de acuerdo con la presidenta de Fedeseguridad, un aumento acumulado cercano al 30 % en los costos del sector durante un periodo de 12 meses.
Este escenario tiene consecuencias para los usuarios, debido a que las empresas de vigilancia operan con márgenes de rentabilidad estrechos y cuentan con una capacidad limitada para absorber incrementos de esa magnitud sin trasladar parte del costo a sus clientes.
No obstante, Garavito señaló que los sondeos realizados por el gremio entre empresas y vigilantes muestran que la seguridad privada continúa siendo una prioridad para los colombianos. Aunque se presentaron cambios en el comportamiento de algunos usuarios, estos fueron marginales frente al impacto que se esperaba.
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La explicación, según la dirigente, es que los ciudadanos relacionan estos servicios con la tranquilidad y la protección de sus familias, por lo que no están dispuestos a renunciar fácilmente a ellos, incluso cuando deben asumir mayores costos.
Conjuntos residenciales recurren a la tecnología
Uno de los segmentos en los que se han observado mayores cambios es el residencial. Sin embargo, Garavito aclaró que este no es el principal consumidor de servicios de vigilancia privada en Colombia.
El sector público ocupa el primer lugar, debido a la necesidad de contar con seguridad en obras públicas, puertos, aeropuertos, centros educativos y establecimientos de salud, entre otros espacios. Después se encuentran el comercio y la industria, seguidos por los conjuntos residenciales.
En este último segmento, algunos usuarios han optado por complementar los turnos de vigilancia con herramientas tecnológicas para reducir costos. Otros han decidido reemplazar por completo al personal humano por cámaras y sistemas de monitoreo.
Para la presidenta de Fedeseguridad, la sustitución total representa un riesgo. Según explicó, el gremio ha recibido reportes, particularmente relacionados con información de la Policía, sobre incrementos en los hurtos a residencias en lugares donde se tomó esa decisión.
Garavito sostuvo que la tecnología debe utilizarse como un complemento del trabajo de los vigilantes y no como un reemplazo absoluto. La capacidad de observación, el criterio y la reacción de una persona permiten identificar situaciones que pueden pasar inadvertidas para una cámara convencional.
Como ejemplo, mencionó el trabajo de los vigilantes en los conjuntos residenciales. Su función no consiste únicamente en proteger las instalaciones, sino también en observar lo que sucede en los alrededores y reconocer comportamientos que puedan resultar sospechosos.
Una cámara tradicional puede registrar imágenes, pero no necesariamente identifica por sí sola las señales de alerta que una persona detecta a partir de su conocimiento del entorno.
Aunque la inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades, Garavito advirtió que no todas las cámaras instaladas en comercios, calles y conjuntos residenciales cuentan con estas capacidades. Su implementación requiere inversiones que no están al alcance de todos los usuarios.
Por esa razón, considera prematuro sustituir completamente a los vigilantes por sistemas tecnológicos que no necesariamente tienen las mismas capacidades de análisis y respuesta.
Contratar vigilancia sin autorización puede ser ilegal
Otro de los problemas identificados por Fedeseguridad es la creencia de algunos usuarios de que pueden administrar su propia seguridad sin cumplir las disposiciones legales que regulan esta actividad.
Garavito recordó que en Colombia la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada está regulada y debe realizarse a través de empresas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Esto implica que no basta con comprar cámaras, instalar monitores y contratar a una persona para observar las imágenes. El monitoreo de seguridad también está sujeto a regulación y debe ser prestado por las empresas habilitadas para desarrollar esa actividad.
La dirigente también cuestionó la contratación de servicios de conserjería para realizar funciones propias de la vigilancia privada. Un conserje no puede asumir automáticamente las responsabilidades de un vigilante, pues estas requieren formación, cursos y entrenamientos específicos establecidos en la normativa.
Además, advirtió que las consecuencias legales pueden recaer tanto en quien presta el servicio irregular como en quien lo contrata.
Por ello, recomendó a los usuarios verificar las autorizaciones de las empresas antes de establecer acuerdos comerciales y desconfiar de las ofertas que prometen descuentos considerables.
Debido a que las tarifas están reguladas, una reducción excesiva del precio puede ser una señal de posibles irregularidades. Entre ellas mencionó el incumplimiento de las obligaciones salariales, la falta de pagos correspondientes, las deficiencias en la dotación del personal o la ausencia de los servicios de supervisión exigidos.
La recomendación del gremio es evaluar no solo el precio, sino también la legalidad de la empresa, las condiciones laborales de los vigilantes y las características del servicio contratado.
La seguridad privada como parte de la economía
Para Garavito, la vigilancia privada cumple una función que trasciende la protección de instalaciones. Su presencia es necesaria en diferentes eslabones de la actividad económica, desde aeropuertos y carreteras hasta minas, bodegas, puertos, establecimientos comerciales y conjuntos residenciales.
El transporte de valores también hace parte de esta industria, que contribuye al funcionamiento cotidiano de empresas y servicios.
En ese sentido, la presidenta de Fedeseguridad afirmó que la seguridad privada es un aliado tanto de los ciudadanos como del sector público, especialmente en un contexto en el que las autoridades deben distribuir sus recursos para atender distintas necesidades de seguridad.
Como referencia, indicó que en Colombia hay dos vigilantes por cada policía, en promedio nacional. Sin embargo, la relación cambia considerablemente en las principales ciudades.
En Bogotá, señaló, hay diez vigilantes por cada policía, mientras que en Medellín la proporción es de cuatro por cada integrante de la Policía. Estas cifras, según explicó, evidencian la importancia de evaluar mecanismos de cooperación entre ambos sectores.
Garavito planteó la posibilidad de fortalecer modelos de vigilancia y control en espacios públicos mediante la participación de empresas privadas, sin que esto implique reemplazar las funciones de las autoridades.
Mencionó como ejemplos algunos parques de Bogotá, como el de la calle 93, y sectores del malecón del río en Barranquilla, donde se puede observar la presencia de vigilancia privada.
También propuso considerar este esquema en zonas turísticas con alta afluencia de visitantes, pero que no necesariamente registran elevados niveles de conflictividad. En esos lugares, la participación de personal privado podría contribuir a que la Policía concentre sus recursos en sectores que requieren mayor atención.
Los eventos masivos, incluidos los conciertos y las competencias deportivas, constituyen otro escenario en el que la contratación de vigilancia privada puede apoyar la operación y el control de grandes concentraciones de personas.
La dirigente aclaró que esta propuesta no busca trasladar las responsabilidades de la seguridad pública al sector privado, sino establecer una distribución de funciones que permita mejorar las condiciones de vigilancia.
Según explicó, países como Chile y Perú han desarrollado modelos de cooperación entre autoridades y empresas privadas. También mencionó experiencias en determinadas zonas de Ciudad de México.
En el caso chileno, destacó la articulación entre los centros de monitoreo y las autoridades, que permite recibir información procedente de cámaras instaladas por particulares y empresas.
Un sector que necesita actualizar su regulación
La modernización normativa es otro de los asuntos prioritarios para Fedeseguridad. Garavito indicó que el sector continúa regido por una regulación expedida en 1994, cuando las condiciones de seguridad, las tecnologías disponibles y las necesidades del país eran diferentes.
A su juicio, esta situación ha dificultado la adaptación de la industria a los nuevos modelos de operación y a las herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan en el mundo.
La dirigente señaló que el sector enfrenta 64 tipos de trámites diferentes, situación que, según explicó, genera demoras y exige gestionar múltiples permisos y licencias.
Por ello, hizo un llamado al Gobierno para que incluya a la vigilancia privada en las iniciativas de simplificación de trámites y avance en la actualización del marco regulatorio.
Entre los asuntos que requieren mayor claridad mencionó el uso de drones, la ciberseguridad y determinados dispositivos tecnológicos. La falta de disposiciones específicas sobre estas materias advirtió, puede generar vacíos jurídicos que faciliten la aparición de empresas sin las condiciones necesarias para prestar servicios de seguridad.
La propuesta de Fedeseguridad consiste en modernizar el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada e incorporar un enfoque de interoperabilidad entre los sectores público y privado.
Esto permitiría establecer mecanismos de coordinación para compartir información, aprovechar las capacidades tecnológicas disponibles y fortalecer las labores de vigilancia y prevención.
Garavito insistió en que la actualización normativa no debe limitarse a las necesidades del Gobierno de turno, sino responder a los cambios estructurales de la industria y a las nuevas condiciones de seguridad del país.
El próximo aumento salarial preocupa al gremio
De cara a la próxima discusión sobre el salario mínimo, la presidenta de Fedeseguridad manifestó su preocupación por la posibilidad de que las decisiones se adopten sin suficiente consideración de los indicadores económicos.
Según afirmó, el incremento aplicado en 2026 evidenció las dificultades que pueden surgir cuando el ajuste salarial no se acompaña de criterios técnicos que permitan evaluar sus efectos sobre los costos y los precios.
Garavito advirtió que el aumento de la inflación termina afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Aunque los trabajadores reciban un salario nominal más alto, el beneficio puede reducirse si los precios de los bienes y servicios también aumentan.
Por esa razón, consideró necesario retomar una metodología que tenga en cuenta la inflación y la productividad como elementos para establecer el incremento salarial.
La dirigente reconoció que pueden existir propuestas de ajuste intermedio y otras consideraciones en la negociación, pero insistió en que las decisiones deben sustentarse en cifras económicas.
También señaló que el salario mínimo no debería convertirse en un instrumento para atender por sí solo las necesidades de protección social de las poblaciones vulnerables. A su juicio, esos objetivos deben abordarse mediante mecanismos específicos, como los subsidios y las medidas dirigidas a los grupos que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas.
Para Fedeseguridad, la discusión salarial tendrá consecuencias directas sobre una industria cuyos precios están regulados y cuyos costos dependen, en gran medida, de la remuneración del personal.
El gremio considera que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre las condiciones laborales, la capacidad de pago de los usuarios, la sostenibilidad de las empresas y la continuidad de los servicios de seguridad privada.
A estos retos se suman la necesidad de combatir la contratación irregular, aprovechar la tecnología sin prescindir de las capacidades humanas y establecer mecanismos de coordinación con las autoridades. Según Garavito, avanzar en estos frentes será fundamental para responder a las necesidades de seguridad del país y mantener la contribución de esta industria al funcionamiento de la economía colombiana.
