La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores de productos, artículos, servicios y alimentos en Colombia.
También protege la libre competencia entre empresas, vela por los datos personales de clientes y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.
La protección al consumidor comprende el conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores.
Por ello, cuando se hallan irregularidades como publicidad engañosa, productos que atenten contra la salud o seguridad de consumidores, entre otros inconvenientes, la SIC puede abrir una investigación a las empresas involucradas y después imponer una sanción.
Pero, también está a cargo de que los productos promocionados y vendidos por redes sociales cumplan con estándares de calidad e Invima u otros certificados para poder ser considerados seguros.
Ha sucedido que influenciadores promocionan sus propios artículos o servicios incurriendo en fallas como publicidad engañosa omitiendo la veracidad de los ingredientes con que fue compuesto ese producto e inducir a la confusión.
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¿Puede presentar quejas de un servicio o estafa ante la SIC?
Sí, la SIC es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia que dirige las controversias que se presenten ante afectaciones de derechos particulares del consumidor.
Es decir, si usted desea, por ejemplo, comprar un Aguardiente de cierta marca específica y referencia como el Real Antioqueño, el cual especifica cuántos grados de alcohol tiene, su contenido y valor, pero a la hora de consumirlo halla que algo es distinto o no es cierta la información proporcionada deberá demostrar, con fotos y una carta, cuál es el problema.
Cada caso que le llega a la entidad es estudiado en un tiempo estimado y según las evidencias o soportes se toma una decisión para que los derechos del consumidor no se vean vulnerados.