En Colombia, las evaluaciones médicas ocupacionales para trabajadores han sido objeto de una actualización significativa tras la expedición de la Resolución 1843 de 2025. Esta norma establece nuevos lineamientos para regular dichas evaluaciones, con el propósito de fortalecer las condiciones de salud y seguridad en el entorno laboral.

Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución es la asignación de responsabilidad directa a las empresas para garantizar que sus trabajadores se sometan a exámenes médicos periódicos. Estas evaluaciones no solo permiten detectar condiciones de salud que puedan afectar el desempeño laboral, sino que también contribuyen a prevenir accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

Dentro de las disposiciones, se establece que las empresas contarán con un plazo máximo de 20 días calendario para implementar las recomendaciones emitidas por el médico ocupacional, luego de la evaluación correspondiente.

Este médico deberá contar con licencia vigente en salud ocupacional. Dichas recomendaciones podrían incluir ajustes en el entorno de trabajo, adecuaciones en las funciones asignadas o seguimiento médico continuo, dependiendo del caso particular de cada trabajador.

Respecto a las pruebas de detección de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, la norma dispone que solo podrán ser aplicadas por personal médico autorizado y únicamente a trabajadores cuyas funciones representen un riesgo para sí mismos, para terceros o para el adecuado desarrollo de la operación.

En caso de obtenerse un resultado positivo, la empresa deberá iniciar de inmediato un proceso de atención y tratamiento a través de la Entidad Promotora de Salud (EPS) correspondiente, garantizando el acompañamiento profesional y el respeto a los derechos del trabajador.

¿Qué otras condiciones tendrás las empresas para los trabajadores en Colombia?

En materia de derechos laborales y no discriminación, la nueva normativa también introduce disposiciones clave. A partir de su entrada en vigor, se prohíbe a los empleadores exigir pruebas de embarazo como requisito de ingreso laboral.

De igual manera, queda prohibida la exigencia de pruebas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en procesos de selección de personal. Estas medidas buscan proteger la intimidad y los derechos fundamentales de los aspirantes, así como promover la equidad de género y la no estigmatización.

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Otro punto fundamental que refuerza esta resolución es el compromiso con la confidencialidad y reserva de la historia clínica ocupacional. Las empresas estarán obligadas a mantener la privacidad de la información médica de los trabajadores, garantizando que esta solo sea manejada por personal autorizado y utilizada exclusivamente para fines relacionados con la salud ocupacional. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en sanciones por parte del Ministerio del Trabajo.

Las empresas tendrán un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma para implementar completamente las disposiciones contenidas en la Resolución 1843 de 2025. Transcurrido este periodo, el Ministerio del Trabajo podrá iniciar procesos administrativos sancionatorios contra aquellas organizaciones que no hayan cumplido con los requisitos establecidos.