La Unión Europea confirmó que las prácticas comerciales de Volkswagen para la comercialización de vehículos diésel equipados con sistemas de manipulación de gases de escape violaron la ley de protección del consumidor del bloque comunitario.
Ese caso, también conocido como el “diesel gate”, ha sido estudiado en los últimos seis años por las autoridades comunitarias, que instaron a la compañía a terminar de pagar las indemnizaciones a todos los consumidores de los 27 países que conforman el bloque. (Ver más de Internacional).
Hasta ahora, Volkswagen solo ha acordado compensar a los consumidores que residían en Alemania en el momento de la compra del automóvil, sustentando que los pagos a usuarios por fuera de ese país “no estaban justificados”. Esto, al considerar que los carros afectados ya fueron modificados para que cumplan con los requisitos legales.
Este caso se remonta a 2015, cuando las autoridades encontraron que la compañía vendió 8,5 millones de unidades de vehículos a diésel equipados con un dispositivo especial en el motor para mitigar la emisión de gases que, a juicio de los entes reguladores, no se acoplaba a la normativa de la comunidad para los fabricantes de vehículos.
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El 11 de agosto de 2020, el comisionado de Justicia y Consumidores Didier Reynders, pidió a Volkswagen ofrecer una compensación a todos los consumidores de la Unión Europea afectados. Según Reynders, estos esperan ser tratados con equidad y recibir una compensación, considerando que el “daño” fue similar en todos los países del bloque.
Posteriormente, en diciembre la Unión Europea determinó que un fabricante de automóviles no puede instalar un dispositivo de desactivación que mejore sistemáticamente el rendimiento del sistema de control de emisiones del vehículo.
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