Tener clara la diferencia entre ‘brownfield’ y ‘greenfield’ es fundamental para comprender mejor las oportunidades y la dinámica de la reactivación económica en Venezuela. La inversión ‘brownfield’ es el motor de corto plazo, pues rehabilita infraestructura existente para reactivar la producción de inmediato. Por el contrario, los proyectos ‘greenfield’ implican construir desde cero, una apuesta de largo aliento necesaria pero más lenta.
Por ahora el foco de las petroleras, autoridades e inversionistas está en reactivar lo existente, por eso las miradas hoy no están sobre cuántos taladros están explorando. De ahí la relevancia de los diagnósticos y planes de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para acelerar el paso y hacer negocios.
Según la ONG Transparencia Venezuela, la actualización de su inventario de corrupción ha geolocalizado más de 120 obras públicas inconclusas que representan un millonario desfalco al patrimonio nacional.
A través de un mapa satelital, la organización expone proyectos «fantasma» en sectores críticos como el petrolero, eléctrico y social, evidenciando cómo la opacidad y la mala gestión de funcionarios y contratistas paralizaron infraestructuras clave que hoy son sólo ruinas industriales.
Sin electricidad no hay petróleo. Se estima que actualmente existe una indisponibilidad del 47 % en el parque de generación hidroeléctrica y del 86 % en el parque de generación termoeléctrico a nivel nacional.
De los aproximadamente 37.000 megavatios (MW) de capacidad de generación instalados en el territorio venezolano, actualmente el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) solo dispone de una capacidad operativa cercana al 31,3 %; lo cual daría para servir solo el 62,7 % de la demanda máxima histórica de 18.696 MW ocurrida el año 2013 y para cubrir el 90,1 % de la demanda máxima actual estimada en el orden de 13.000 MW. Este es el diagnóstico que presenta la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en el Plan Nacional de Mantenimiento 22-23.
La economista jefe de Ecoanalítica, Graciela Urdaneta, calificó en un reciente foro en Caracas al sector eléctrico como el gran cuello de botella del país, citando que más del 52 % de las empresas lo evalúan negativamente. Agregó que el parque termoeléctrico opera a menos del 20 % de su capacidad y que estados como Zulia sufren cortes de hasta 19 horas, lo que limita cualquier operación industrial.
Reforma a la ley del sistema eléctrico
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el pasado ocho de enero que se elevarán propuestas para ser evaluadas por el Poder Legislativo a fin de propiciar la optimización del sistema eléctrico. “En el área de los servicios públicos queremos actualizar la Ley del Sistema Eléctrico Nacional que vendrá acompañada de mejoras del sistema eléctrico en los procesos de generación, transmisión y distribución”, informó Rodríguez.
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La expectativa de los empresarios es que la reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) replique el «modelo Chevron» para frenar el colapso energético y atraer capital foráneo.
Bajo este esquema, se desplaza el monopolio operativo de Corpoelec para permitir que actores privados asuman el control de la generación y distribución a través de empresas mixtas, garantizando que el inversor pueda comercializar el servicio y retener una porción del flujo de caja para recuperar deudas y reinvertir en mantenimiento técnico.
“Yo creo que la reforma al sistema eléctrico comenzará a discutirse en semanas porque es un tema prioritario para todos. Ojalá que se destrabe pronto el tema de los cerca de US$5.000 millones de los activos de reserva que Venezuela tiene en el FMI, conocidos como Derechos Especiales de Giro, porque esos recursos deberían invertirse en la recuperación de los servicios públicos”, afirmó a Valora Analitk Henrique Capriles Radonski, diputado opositor y excandidato presidencial.
Plan de mantenimiento
Según cálculos de los expertos, se requiere una inversión entre US$30.000 millones y US$50.000 millones para la primera fase de estabilización del sistema eléctrico.
Por su parte, el Plan Nacional de Mantenimiento de 22-23 realizado por la CVC contempla inversiones prioritarias por US$4.834 millones; más US$3.799 millones en operación y mantenimiento preventivo para el sector durante dos años.
Las inversiones básicas identificadas por la Cámara Venezolana de la Construcción incluyen diversas plantas termoeléctricas prioritarias de turbo gas. La primera fase de ellas para un período de 50 semanas y la segunda fase para un período de 45 semanas, subdividiendo las zonas prioritarias del país en cuatro zonas: Región Central, Región Occidental, Región Aragua/Carabobo/Yaracuy y Región Oriental. En la primera etapa se rehabilitarían 3.720 MWe y en la segunda etapa se rehabilitarían 2.600 MWe, para un gran total de 6.320 MWe y una inversión de US$1.291 millones.
Otro ejemplo es la recuperación de las centrales de turbo-vapor del país, que aportaría unos 3.680 MWe al SEN. El costo de esta recuperación estaría alrededor de US$2.800 millones.
“El tiempo estimado para la recuperación de las tres centrales turbo-vapor es de poco más de cuatro años y los costos son muy elevados, particularmente en Planta Centro; por lo que su recuperación total no contribuirá al incremento de la generación termoeléctrica nacional en la fase de emergencia actual. Sin embargo, sí se puede contemplar la recuperación parcial”, advierte la CVC en su informe.
En el caso del mantenimiento de la Red Troncal de Transmisión se estima una inversión de US$1.340 millones en dos años. En Distribución, se tienen identificados proyectos críticos por US$150 millones; suministro de repuestos críticos por un año por US$150 millones, más proyectos prioritarios por US$205 millones.
El caso de la comercialización es la más crítica al estar altamente subsidiada por Corpoelec y ser una decisión impopular. “Con los actuales niveles de consumo, que escasamente llegan a 34.000 GWH/Año, la facturación del SEN que debería ser del orden de US$5.000 millones anuales, no llega a US$70 millones anuales. Por esta razón, se requiere implementar una estrategia de alza de tarifas de forma progresiva por un período de cinco años, que contemple un programa especial para usuarios de bajos recursos identificados geográficamente”, se afirma en el reporte.
Las necesidades de inversión sólo para impulsar la rehabilitación de infraestructura existente, es una de las principales razones por las que empresas como Cementos Argos han activado una fase inmediata de expansión comercial mediante exportaciones desde Colombia, con el objetivo de capturar entre el 2 % y 3 % del mercado venezolano para finales de año.
Proyecto piloto con capital privado
El vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Rafael Torrealba, afirmó en diálogo con Valora Analitik, que la estabilización eléctrica de la mano del sector privado es una de las prioridades de la cámara.
“Estamos trabajando de la mano con CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- para lanzar una prueba piloto que permita operar contratos de participación privada con termoeléctricas a gas, concentrándonos en la zona, digamos, central del país, donde está el 75 % del parque industrial. Esa capacidad de estabilización que estamos viendo son 2.000 megavatios aproximadamente, con una inversión de aproximadamente US$1.200 millones”, explicó.
Torrealba señala que existen unas redes distribuidas en el país que permiten verticalizar la operación en corto plazo, para vender directamente a los privados en zonas industriales, realizando las inversiones en estas termoeléctricas. Sin embargo, el principal desafío está en el marco regulatorio, por lo que esperan que la reforma a la LOSSE flexibilice la inversión privada.
“CAF ya nos indicó que ellos están dispuestos a financiar directamente a los privados bajo un modelo de contratación APP, donde tú como privado puedas por un periodo de tiempo, que nosotros estimamos sea entre 10 y 12 años, realizar las inversiones”, explicó Torrealba.
Por ejemplo, la planta Castillito en Valencia atiende hoy 30 megavatios, porque está conectada a la red del SEN, pero, como tal, no está produciendo ni un megavatio, es una oportunidad que está en el radar de los empresarios. “Las inversiones ahí están entre US$100 millones – US$150 millones, según lo que estamos estimando. Hay un parque industrial de más de 200 industrias que pueden tener una red totalmente privada. Eso es una planta modular pequeña, pero una buena muestra, piloto, que yo creo que son las victorias tempranas que tiene que buscar el sector privado, para lograr mostrarse como una opción de inversión para inversionistas internacionales”, añadió Torrealba.
Otra opción de inversión privada, pero más lejana, es la venta de acciones de empresas privadas nacionalizadas que están en manos de PDVSA. Un ejemplo son las acciones de la Electricidad de Caracas, que en su momento fueron compradas por US$739 millones.
El sector eléctrico se convertirá en el verdadero termómetro de la recuperación venezolana. Sin energía confiable no habrá repunte petrolero ni industrial sostenible. El piloto propuesto por la Cámara Venezolana de la Construcción, con posible respaldo de CAF, plantea una vía pragmática: comenzar por rehabilitar lo existente y demostrar resultados rápidos. Todo dependerá de que la reforma legal ofrezca reglas claras y garantías para el capital privado. El debate ya no es ideológico sino institucional: crear las condiciones para que la inversión ocurra.
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